A diferencia de otras más cercanas al continente, las Islas Malvinas no tienen hasta hoy resquicios de población originaria o indígena. Los primeros visitantes fueron europeos, que llegaron durante la conquista de América.

Las Islas Malvinas formaron parte del área bajo jurisdicción de España desde la entrada en vigor de los primeros instrumentos internacionales que delimitaron los territorios, nuevos para ellos, a partir de los viajes de 1492. Las Bulas Pontificias y el Tratado de Tordesillas de 1494 constituyen los primeros instrumentos que receptan títulos de España de acuerdo con el Derecho Internacional de la época.

Durante la mayor parte del siglo XVI, solo navegantes al servicio de España transitaron las rutas marítimas a lo largo de la costa sudamericana, avanzando hacia el sur en busca de un paso interoceánico.

El primer mapa específico de las islas fue realizado en 1520 por Andrés de San Martín, tripulante de la expedición de Magallanes. Desde entonces formaron parte de la cartografía europea, donde toda la región austral de América quedó indiscutiblemente bajo soberanía española, lo cual se asentó en diversos tratados de la época.

En el curso del siglo XVII, las Malvinas fueron avistadas por navegantes de otras naciones que se aventuraban en los dominios españoles, pero corrían el riesgo de la reacción y protestas que España efectuaba cuando tenía noticias de tales expediciones.

Para mediados del siglo XVIII, Francia y Gran Bretaña comenzaron a interesarse por estas islas para contar con un establecimiento estratégico frente al Estrecho de Magallanes. En 1764 Francia formó el establecimiento de Port Louis en la Isla Soledad. Al año siguiente, una expedición británica llegó clandestinamente al archipiélago y en 1766 marinos ingleses levantaron un fuerte en un lugar que llamaron Port Egmont, en una isla situada al oeste de la Gran Malvina. España protestó firmemente ante ambos Gobiernos, haciendo que desistan de sus intenciones. Desde entonces las autoridades españolas con asiento en Puerto Soledad continuaron ejerciendo su jurisdicción y control sobre la totalidad del archipiélago.

Con la firma del Tratado de San Lorenzo de El Escorial, en 1790, Gran Bretaña se comprometió a no formar ningún establecimiento en las costas tanto orientales como occidentales de América Meridional. Tampoco en las islas adyacentes ya ocupadas por España. Por lo que la sucesión de gobernadores españoles en las islas llegó a un total de 32 y fue continua hasta 1811, cuando Argentina reclamó todos los territorios heredados de España tras la Revolución de 1810.

En 1820 el Coronel de la Marina argentina David Jewett asumió el cargo de Gobernador en Puerto Soledad, en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La noticia fue publicada en medios de Estados Unidos y del Reino Unido, sin que hubiera protestas oficiales. Tampoco manifestó Gran Bretaña pretensión alguna sobre Malvinas durante el proceso de reconocimiento del Estado argentino, que culminó con la firma bilateral del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1825.

Sin embargo, el 3 de enero de 1833 Reino Unido tomó las Islas Malvinas expulsando al Gobernador argentino. Este acto de fuerza, llevado a cabo en tiempo de paz por parte de un Gobierno amigo de la República Argentina, fue inmediatamente rechazado.

Menos de dos semanas después, al llegar a Buenos Aires las primeras noticias de lo ocurrido en Malvinas, el Gobierno argentino efectuó la primera protesta oficial y pidió explicaciones. Continuó así a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y durante el siglo XX, realizando las presentaciones y reservas ante los organismos multilaterales correspondientes. Fue en este período, además, cuando tuvo lugar una ampliación de la controversia a otros territorios insulares del Atlántico Sur y antárticos, sobre los que la Argentina, el Reino Unido y en algunos casos terceros países comenzaban a desarrollar distintas actividades.

En 1908, Gran Bretaña anexó dichos territorios (las Islas Georgias del Sur, Orcadas del Sur, Shetland del Sur y Sandwich del Sur, así como el territorio antártico denominado por los británicos Tierra de Graham) como "dependencias de la colonia" de las Islas Malvinas. En distintas oportunidades, la Argentina extendió sus protestas a tales territorios. Con la entrada en vigor del Tratado Antártico en 1960, la controversia de soberanía sobre las Orcadas del Sur, las Shetland del Sur y la parte pertinente del territorio antártico quedó cubierta bajo el artículo 4° de dicho tratado. Los otros territorios, es decir las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, continúan hasta el presente conformando junto a las Malvinas el espacio geográfico de la disputa de soberanía con el Reino Unido conocida como la "Cuestión de las Islas Malvinas".

A partir de ese momento, los reclamos diplomáticos argentinos se sucedieron ante el Gobierno británico y, en el siglo XX, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Argentina nunca dejó prescribir sus derechos soberanos.

El reclamo argentino fue reconocido como legítimo por los organismos internacionales. La ONU aceptó la naturaleza colonial del diferendo (Resolución Nº 1514) y la validez de los reclamos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur (Resolución Nº 2065), invitando a ambos Gobiernos a mantener negociaciones por el futuro de las islas. En el mismo sentido se expidieron la OEA en el Comité Jurídico Interamericano, el Buró de Países No Alineados y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en la Resolución del 26 de abril de 1982.

Pese a las acciones de política exterior desarrolladas por Argentina por resolver el conflicto de forma pacífica, Gran Bretaña se negó constantemente a negociar y, a fines de 1981, el Gobierno militar argentino consideró como alternativa recuperar las islas mediante una acción sorpresiva e incruenta para las fuerzas inglesas que conllevara a la negociación por el traspaso de la soberanía de las Islas Malvinas.

Para llevar a cabo esta operación se creó una Comisión de Trabajo Conjunta conformada por las tres Fuerzas Armadas a fin de planear la recuperación. En marzo de 1982 se produjeron acontecimientos en las Islas Georgias del Sur que alteraron las previsiones.