Basurales a cielo abierto: un plan federal para una amenaza ambiental urgente


El problema

Se denomina basurales a cielo abierto a aquellos sitios donde se disponen residuos sólidos de forma indiscriminada, sin control de operación y con escasas medidas de protección ambiental.

En Argentina existen 5000 basurales a cielo abierto, lo que significa, en promedio, más de dos basurales por municipio. La mayoría de ellos son formales, es decir, son el modo oficial en que los gobiernos locales eliminan su basura.

A diferencia de otros sitios de disposición y tratamiento de residuos, los basurales a cielo abierto carecen de medidas mínimas de seguridad por lo que puede encontrarse todo tipo de residuos, incluso patogénicos y peligrosos. Tampoco cuentan con la impermeabilidad de los suelos donde se emplazan o la distancia adecuada respecto de las napas freáticas, los cursos de aguas superficiales, los centros urbanos u otras áreas susceptibles de recibir los impactos derivados de estas instalaciones.

Las falencias en el tratamiento de los residuos representan una realidad transversal a todas las ciudades de Argentina, un país donde nueve de cada diez personas habitan en núcleos urbanos. Es por esa razón que, si bien la competencia en el manejo de los residuos corresponde a los municipios, el problema de la gestión en general, y de los basurales a cielo abierto en particular, es por volumen y alcance, una preocupación a nivel nacional y uno de los principales problemas ambientales del país.

Los riesgos

Al no contar con suelo impermeabilizado, los basurales a cielo abierto resultan un foco de contaminación, tanto por la generación de líquido lixiviado como por la emisión de gases de efecto invernadero.

El lixiviado es un líquido que se produce cuando los residuos sufren el proceso de descomposición, y el agua (de las lluvias, el drenaje de la superficie o las aguas subterráneas) se percola a través de los residuos sólidos en estado de descomposición. Este líquido contiene materiales disueltos y suspendidos que, si no son controlados de forma adecuada, pueden pasar a través del piso de base y contaminar fuentes de agua potable o aguas superficiales.

El biogás, por su parte, es una mezcla de metano y dióxido de carbono también producida a partir de la descomposición de los residuos. A medida que se forma el metano, acumula presión y comienza a moverse a través del suelo, siguiendo el camino de la menor resistencia. El metano es más liviano que el aire y es altamente inflamable, pero, además, liberado a la atmósfera, contribuye en gran medida al agotamiento de la capa de ozono y al cambio climático.

La contaminación del suelo repercute en los ciclos de vida de las plantas. A su vez los residuos mal dispuestos pueden generar la proliferación de plagas y vectores de enfermedades diversas.

Existe además el riesgo de que los residuos sean incinerados de forma espontánea o intencional, y en el caso de los plásticos y otros materiales puede derivar, también, en la emisión de sustancias tóxicas, aumentando la concentración de contaminantes atmosféricos como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre o metales pesados, como el mercurio, el plomo, el cromo o el cadmio.

Muchos de los basurales se convierten en la fuente de trabajo de una gran cantidad de recuperadores informales, quienes realizan tareas sin ningún tipo de elemento de protección personal, ni cuentan con agua potable para su hidratación y correcta higiene. Tampoco disponen de un área de trabajo segura, quedando expuestos en el frente de descarga del basural.

Los daños a la salud humana pueden ser de diversa índole y diferente gravedad, según la incidencia de varios factores. Algunos de las recurrencias detectadas son problemas neurológicos, malformaciones congénitas, bajo peso al nacer, o enfermedades como dengue y cólera. El cáncer es otro tipo de enfermedad que se presenta en aquellas personas que habitan cerca de basurales.

Las iniciativas

El problema de los basurales a cielo abierto exhibe otros desafíos asociados. El tratamiento diferenciado y controlado, como parte de una estrategia general de promoción de la economía circular, no sólo reduce el volumen de los desechos y sus efectos contaminantes, sino que fortalece el trabajo de las y los recuperadores. A su vez, una gestión eficiente de los residuos evita la contaminación por emanaciones tóxicas, pero también permite la reutilización de los residuos, convirtiéndoles en recursos que pueden ser reinsertados en el sistema productivo, a través del reciclaje o de la extracción del biogás para generar energía. En ese sentido, la gestión de los residuos resulta una cuestión tanto ambiental, como sanitaria, social y económica que merece un abordaje integral.

Entendiéndolo como un problema de alcance nacional, Ambiente Nación desarrolla en articulación con los gobiernos locales, un Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto. Esta iniciativa se sostiene en una inversión de más de $ 30 mil millones, alcanzada en base a presupuesto propio y a un préstamo otorgado por el BID, que se encontraba a punto de vencer debido a su subejecución.

Asimismo, se derogó el Decreto 591/2019, que facilitaba la importación de residuos para ser utilizados como insumos industriales sin la exigencia de un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental. Sobre esta base, se despliega hoy una estrategia de intervención sostenida en tres líneas de acción:

  • Construcción de infraestructura para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos
  • Promoción del empleo de la economía circular y fortalecimiento a las recicladoras, recicladores y sus familias
  • Fomento a la separación en origen, el reciclado, la valorización y promoción de una industria del aprovechamiento de los residuos como insumos de los procesos productivos.

En ese sentido, el plan dispone el cierre de basurales a cielo abierto en distintos municipios del país y la construcción de Complejos Socioambientales para el tratamiento diferenciado y eficiente de los residuos. A su vez, se incluye la adquisición de equipamiento y productos básicos para protección de recicladores y recicladoras urbanas. Dado que es una política de alcance federal pero articulada junto a provincias y municipios, se promueve también que las ciudades involucradas desarrollen normativas y acciones tendientes a garantizar la sostenibilidad de los proyectos a través de legislación local, sistemas de recolección diferenciada, inclusión social y campañas de educación y concientización.

Con estas medidas se busca brindar una solución integral a un problema de múltiples aristas, donde se concentran inequidades geográficas y socioeconómicas, serios riesgos ambientales y sanitarios y falta de gestión sostenible de los recursos. De esta forma, se apunta a producir un salto de calidad que permita un tratamiento eficiente y moderno de los residuos para un país que produce, en promedio, 1,15 kilos de desechos diarios por habitante, lo que equivale a casi 45.000 toneladas diarias para el total de la población (una tonelada cada dos segundos) y alrededor de 16,5 millones cada año.

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