Mensaje Presidencial del Proyecto de Ley


Dip. R. CEREIJO (MINISTERIO DE HACIENDA) en reemplazo de PISTARINI (MOP).

Señores Diputados, en el que el perito de la parte expropiada tasó la hectárea de tierra a un precio superior en más de sesenta veces al fijado por los técnicos del Estado, con el extraordinario agravante de que el perito tercero adhirió a tan inaudita tasación.

En ese mismo lugar, siete propietarios de tierras de iguales características aceptaron el justo precio ofrecido por el gobierno.

En presencia de casos como el citado es fácil advertir cuán aleatorio resulta calcular con la debida anticipación el precio de la tierra necesaria para ejecutar las obras públicas.

Y lo que es aún más grave, la misma Corte Suprema, en fallos dictados a los pocos años de funcionar la ley, dejaba sentado análogo criterio, al significar que los peritos exponían al fisco a las mayores y más culpables explotaciones.

Y bien, señor presidente, ha llegado el momento de poner coto a tan censurables exacciones, no se puede permanecer impasible ante el despiadado saqueo del erario que intentan unos cuantos propietarios ávidos de lucro coligados con profesionales inescrupulosos. Es hora de reaccionar contra esos malos ciudadanos que tratan de obtener provecho sin reparar en el perjuicio que causan a los más sagrados intereses de la colectividad. La sociedad no debe tolerar en su seno al expoliador del fisco, por las mismas razones que no tolera al desertor. Ambos son infractores y conspiran contra la estabilidad de la patria.

El proyecto de ley que ahora está sometido a la consideración de esta Honorable Cámara significa una justa reacción contra los vicios señalados. El Tribunal de Tasaciones al que se confía la realización de los informes periciales, ha sido instituido por ley nacional 12.992 y está integrado por contribuyentes y por entidades públicas y privadas, tales como el Banco Hipotecario Nacional, cuyo prestigio en la materia es inmensamente superior al que pueda exhibir cualquier perito.

Es público y notorio que, con motivo de la construcción de las principales obras públicas a cargo del gobierno federal, se han abonado sumas que exceden en mucho el justo precio de los inmuebles expropiados. Diariamente el Poder Ejecutivo observa cómo se encarecen esos trabajos y hasta qué punto se estrangula el progreso por causa de la ostensible avidez de los propietarios que pretenden enriquecerse a costa del fisco.

El gobierno surgido de la revolución es respetuoso del derecho de propiedad dentro de sus límites justos y honestos, pero cree que es uno de sus deberes primordiales evitar por todos los medios a su alcance la expoliación del erario –que en definitiva se forma con el aporte del pueblo trabajador- por quienes desenvolviéndose hábilmente al amparo de normas que por su extremado individualismo jurídicamente han caducado, no trepidan en posponer para su provecho los más sagrados intereses de la colectividad.

Poco menos que imposible resulta dentro del régimen de la ley 189 –y de sus reformas parciales autorizadas por decreto 17.920/44 y por la ley 12.966, artículo 4°- prever con exactitud los costos de las obras públicas frente a un encarecimiento artificial del precio de la tierra, que en forma alguna se mitiga dentro de nuestro procedimiento judicial, librado casi exclusivamente a las resultas de peritajes que –es lamentable comprobarlo- en la práctica resultan casi siempre venales.

Las adjuntas copias auténticas de las planillas comparativas de estimaciones periciales en los juicios sobre expropiación, preparadas por el Instituto Argentino de Estudios Legislativos, y que por comprender un período en el que aun no había repercutido la especulación con la intensidad de tiempos recientes (años 1928 a 1938) las considero como un elemento de juicio de mayor imparcialidad para los señores legisladores, son el mejor aserto de la opinión que el juicio de peritos me ha merecido en el precedente párrafo.

El proyecto que someto a vuestra consideración prescribe como base para fijar el precio de la expropiación el valor asignado para el pago de la contribución directa aumentando en un porcentaje que llega hasta el 30 % en relación al tiempo transcurrido desde que se efectuó el avalúo. Este sistema práctico y equitativo permitirá conocer de antemano el costo de las expropiaciones que vuestra honorabilidad sanciona y calcular con exactitud el presupuesto de las obras públicas.

No existe razón valedera para mantener el escándalo administrativo que significa valuar un bien de una manera a los efectos impositivos y con otro criterio para su adquisición por el Estado. La valuación debe ser una sola y ajustada a la realidad, permitiendo la oportuna intervención del contribuyente tal como se dispone en el artículo 14, para garantizar la defensa de sus derechos con toda la amplitud que el Estado le reconoce.

Si a ello se agrega que el nuevo sistema propuesto simplificará además los trámites procesales permitiendo la terminación de los juicios con la urgencia que el interés público exige, puede concluirse que la consideración de este proyecto de ley encaminado a suprimir los abusos de las clases poseedoras y a defender los derechos del pueblo reclama un pronto pronunciamiento del Poder Legislativo, lo que me permito encarecer a vuestra honorabilidad.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Juan Perón

Juan Pistarini