En nuestro país, las leyes 26.190 y 27.191 impulsan la innovación en nuevas tecnologías para aumentar el aporte de las "energías renovables alternativas" (biomasa, solar, eólica, mini-hidroeléctricas, geotérmica, residuos, etc.), de bajo impacto ambiental.

De 0% en 2009 diez años después este sector había aumentado 5%, superando el aporte de la energía atómica.

Hidrógeno verde: nuestro país tiene capacidad tecnológica y productiva para llegar a 2030 produciendo cerca de 10 millones de toneladas.

Se busca abandonar los modos de transporte carbono-intensivos y su reemplazo por otras energías y tecnologías limpias como el hidrógeno, baterías ion-litio y biocombustibles, entre otras tecnologías con el objetivo de propiciar el transporte multimodal sostenible.

Dado que las tecnologías que aborda están en una fase exploratoria-experimental, este programa busca promover el estudio e investigación para ser implementadas a largo plazo.

Objetivos

Contribuir a la descarbonización y diversificar la matriz energética mediante el uso de energías limpias.
Promover la I+D (investigación y desarrollo) de nuevas tecnologías y combustibles alternativos para implementarse a largo plazo.
Fomentar condiciones de acceso a financiamiento para inversiones en el sector.
Potenciar estrategias de eficiencia energética para reducir el uso de combustibles fósiles y energía en la movilidad, transporte y logística.
Impulsar con los sectores involucrados la definición de porcentajes anuales de fabricación de flota que colaboren al cumplimiento de los objetivos del Plan.
Construir un esquema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para evaluar el progreso de las acciones.

Alcance y localización territorial

Se prevé la implementación del Programa en todo el territorio nacional, alcanzando a todos los niveles de gobierno, organismos centralizados, descentralizados y empresas y sociedades del Estado que abarca a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.