**Más de la mitad de las provincias ya adhirieron a la reforma que propició el gobierno nacional. Hay menos juicios y bajaron las alícuotas. Los empleadores ahorraron $13 mil millones. **

Desde la vigencia de la Ley N°27.348, aprobada en febrero de 2017, 13 provincias adhirieron a la reforma del sistema de riesgos del trabajo. Esas provincias concentran el 80% de los trabajadores registrados dentro del sistema, es decir 7,8 millones de trabajadores de los casi 10 millones que cubre el sistema.

El respaldo legislativo de esos distritos significó, además, una reducción del nivel de litigiosidad contra el sistema del 34%, una baja del 14,5% de las alícuotas y el ahorro de 13 mil millones de pesos para las empresas.

Entre los distritos que adoptaron esta normativa figuran: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, San Juan, Entre Ríos, Tierra del Fuego,. Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta y Chaco.

Este bloque de provincias reúne el 85% de la litigiosidad total contra el sistema (más de 100 mil expedientes) y el 78% de los trámites (135.000) iniciados en Comisiones Médicas por los trabajadores que tienen un accidente laboral o una enfermedad profesional.

A fines de 2015 el sistema de riesgos del trabajo presentaba un panorama crítico con 340 mil juicios en stock y un pasivo contingente de casi 5.000 millones de dólares. Había más juicios que accidentes y enfermedades profesionales, aunque la siniestralidad y la mortalidad venia bajando hacía 20 años. La litigiosidad representaba el 40% del valor de las alícuotas que subían todos los años, afectando el costo laboral.

En el primer trimestre del 2018 la judicialidad del sistema se redujo un 33,5% respecto de igual período del 2017, mientras que los juicios con sentencia crecieron un 17,3% en el mismo período. Como resultado de ello se advierte una mejora del 29,1% en la relación entre juicios sentenciados y los notificados.

Esta variación en los índices de litigiosidad puede observarse también en los juicios iniciados en las principales provincias adheridas a la Ley 27.348 Por ejemplo, durante en el primer trimestre 2018 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se redujo 63% la cantidad de demandas (4.994) respecto de igual período del 2017 (13.513 presentaciones judiciales).

En Córdoba esa disminución alcanzó el 83%. En el primer trimestre 2017 hubo 3.139 demandas contra las 498 el primer trimestre del 2018. En Mendoza la reducción fue del 43% si se compara los 1770 expedientes iniciados en los primeros meses del 2017 contra los 1005 del mismo período del 2018.

En el caso de la provincia de Buenos Aires se verificó un aumento de 74% de juicios iniciados en el periodo. La razón de esta variación es sencilla: a partir de la adhesión a la ley por parte de la provincia, los juicios que antes iniciaban los trabajadores bonaerenses en CABA mudaron de jurisdicción.

Tomando otros ejemplos, en San Juan la litigiosidad descendió un 30,8%; en Chaco 14,8% y en Tierra del Fuego, 41,9%.

La reducción de la litigiosidad trajo aparejada también una rebaja sustancial en el monto que pagan los empleadores a las aseguradoras en concepto de alícuota.

Tras la sanción de la Ley, la alícuota promedio del sistema (cuota pactada como porcentaje de la masa salarial) pasó de 3,52% en enero del 2016 a 3,01 en abril del 2018, lo que representa una baja de 14,5% y un ahorro total 13 mil millones de pesos.

En las 13 provincias que adhirieron a la ley, la alícuota promedio en abril fue de 2,91% contra 3,42 de las que no adhirieron. Esa diferencia de medio punto tiene un valor que proyectada a un año representa para las provincias que no adhirieron la pérdida de un ahorro de 5000 millones de pesos Las provincias que acompañaron la iniciativa del gobierno nacional el ahorro estimado es de 6.500 millones.

En un desagregado por provincias, Santa Fe y Misiones son las dos que mayor monto de alícuotas pagan en el país (mayor a 4,5%). En términos de actividad económica, el sector de la agricultura de Chaco y Chubut presentan alícuotas superiores al 12%.

A marzo de 2018, las estadísticas mostraban que 44 mil microempleadores pagaban una alícuota superior al tope establecido por ley (que para el caso de la cuota correspondiente al régimen de riesgos del trabajo se prevé que sea inferior al valor promedio de las cotizaciones totales del mercado).

En esa línea de acción, a principio de julio, la SRT emitió la Resolución N° 53/2018, a través de la cual implementó un nuevo control permanente sobre las ART, para que adecuen las alícuotas al Régimen de Promoción del Trabajo Registrado. La consecuencia es un ahorro mensual de 36,6 millones de pesos.

Otro dato significativo de este primer balance es el funcionamiento de las Comisiones Médicas. La nueva ley estableció una resignificación de las Comisiones Médicas, con el claro objetivo de reducir al mínimo la industria del juicio, otorgando la posibilidad al trabajador que sufrió un accidente laboral o enfermedad profesional de obtener un dictamen del daño sufrido en un tiempo menor al acostumbrado. En la actualidad, un trabajador damnificado obtiene el dictamen de la Comisión Médica en 30 días promedio.

Para alcanzar esta meta, la SRT puso en marcha un proceso de apertura, relocalización y descentralización de Comisiones Médicas con el objetivo de que, a fines de 2018, el 95% de los trabajadores tengan una Comisión Médica a menos de 50 km de su domicilio o lugar de trabajo.

En dos años creció 48,5% el número de comisiones médicas. De las 35 Comisiones Médicas que existían en diciembre de 2015 en todo el país, se pasó a 52 en lo que va de 2018.