La ley Sáenz Peña, promulgada por el entonces presidente Roque Sáenz Peña se enmarca dentro de la corriente reformista, iniciada ya hacia principios de siglo XX y que representaba a un sector disidente dentro del PAN. Entre sus protagonistas se encontraban: Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña y José Figueroa Alcorta.

La Ley N° 8.871, conocida como la Ley Sáenz Peña fue sancionada el 10 de febrero de 1912. Estableció el voto secreto y obligatorio y supuso además la creación de padrones electorales en base al servicio militar. Esta ley se planteó como universal, aunque alcanzó solamente a todos los varones argentinos nativos o naturalizados mayores de 18 años, exceptuando a los mayores de 70 años. La Ley excluyó a las mujeres, varones extranjeros no nacionalizados y a los argentinos que habitaban los Territorios Nacionales. También dejó afuera a los religiosos, soldados, detenidos y a los considerados “incapaces”.

Impacto de la Ley

La Ley Sáenz Peña reconfiguró el escenario político cambiando las formas en que los partidos y sus candidatos construirían representatividad. La interpelación hacia los votantes, que ya no utilizarían el voto cantado, sino que actuarían con mayor libertad y resguardo con su ejercicio secreto, significó un fortalecimiento de la democracia y nuevas formas de hacer campaña.

Con esta Ley se inicia un proceso de construcción de una ciudadanía activa con capacidad de votar, que implicó una reconfiguración de los partidos existentes y surgimiento de otros que buscaban captar el interés del electorado en crecimiento.

Así, iniciaron un nuevo acercamiento frente a sus demandas y propusieron medidas más acordes a sus reclamos.

La importancia de la Ley de voto universal (masculino), secreto y obligatorio

La Ley Sáenz Peña permite comprender la importancia del sufragio como derecho político y observar la construcción de un sistema tendiente hacia la ampliación de la participación ciudadana. Si bien en nuestro país se practicaba un sufragio sin restricciones económicas o educativas, sólo de género y edad, la característica principal era la del “voto cantado”. Cada elector se presentaba ante la mesa electoral y a viva voz informaba a las autoridades a quién votaba. Este voto se registraba en una planilla que confeccionaba la autoridad electoral, ya que no existía el padrón único.

La principal consecuencia de este mecanismo era la posibilidad de regular la marcha de la votación y así cambiar su resultado a medida que transcurría el comicio. Esto se hacía a partir del clientelismo, la violencia física y simbólica, y otras prácticas como la exclusión del registro electoral de opositores. Asimismo, se practicaba el “voto múltiple” -una misma persona votaba en más de un lugar-, así como el voto grupal y la compra de votos. El fraude constante y el bajísimo nivel de participación electoral (votaba solo el 2% de la población total) permite caracterizar a esta etapa como restrictiva.

Federalización de los territorios nacionales

El proceso de provincialización de los territorios nacionales (Chaco, Misiones, Formosa, Neuquen Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego) posibilitó la incorporación al padrón electoral de los habitantes de dichas provincias. Creados en 1884, los territorios nacionales constituyeron una solución transitoria al problema que supuso la incorporación de los espacios bajo dominio indígena. Se caracterizaron por una dependencia al poder central, autoridades sin autonomía funcional y habitantes con derechos políticos restringidos. En ese sentido, la Ley Sáenz Peña de 1912 no tenía vigencia en dichos territorios, que además carecían de representación en el parlamento.