La insistencia del peronismo en instalar una postura nacional única llevó a un discurso cada vez más confrontativo. Quién no defendiera sus principios sería identificado como el “antipatria” u oligarca que debía combatirse. Como resultado, creció el descontento entre sectores del empresariado rural e industrial y las Fuerzas Armadas (principalmente en la Marina) que percibieron un comportamiento autoritario en la avanzada del gobierno peronista sobre la vida social, política y las instituciones republicanas. A partir de 1951, empezaron a asomar los primeros intentos de una coalición golpista. Frente a ello, la conducta del gobierno se hizo cada vez más firme en buscar erradicar a los opositores dentro de las Fuerzas Armadas, pero sin éxito.

La Iglesia fue otro sector involucrado en el conflicto. Si bien el peronismo había mostrado un vínculo relativamente estable con ella, sobre todo porque existieron ideas compartidas en torno a valores sociales y culturales, este comenzó a deteriorarse. Uno de los ejes fue el papel de la Iglesia en el sistema educativo ya que el gobierno tendió a fortalecer la intervención estatal en la educación (Ley 12.978), generando tensión al apartar una institución que históricamente había desempeñado un rol central en ese ámbito. Otras medidas oficiales criticadas fueron la aprobación de la Ley de Divorcio Vincular (Ley 14.394) y la eliminación de beneficios fiscales. En respuesta, se generaron movilizaciones abiertamente opositoras de sectores católicos, como la procesión del Corpus Christi de 1955, desencadenando enfrentamientos violentos entre grupos oficialistas y opositores, como la quema de iglesias en junio de 1955 que motivó la excomunión de Perón. En esta pulsión la Iglesia contaba con una importante capacidad de movilización social, sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas que eran enteramente católicas, convirtiendo ese descontento compartido en soporte mutuo.