Contar con un marco normativo brinda respaldo institucional a la política de apertura de datos y contribuye a su continuidad en el tiempo.

Dependiendo de las características de cada jurisdicción, la apertura de datos puede impulsarse mediante leyes, decretos, resoluciones u otros instrumentos administrativos.

Además del marco normativo nacional aplicable, es recomendable revisar la normativa vigente en cada provincia o municipio, así como las políticas de gobierno abierto, acceso a la información pública, transformación digital y protección de datos personales que puedan estar relacionadas con la apertura de datos.

Como referencia, numerosas provincias y municipios argentinos han desarrollado normas específicas para impulsar políticas de apertura de datos y gobierno abierto, adaptándolas a sus necesidades institucionales.