[Video] Discurso de la Ministra Sabina Frederic durante la apertura del Consejo de Seguridad Interior 2020

Lineamientos para una Política de Seguridad Federal
Dra. Sabina Frederic
San Miguel de Tucumán, 13/02/2020



El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, nos ha instruido a promover la Seguridad desde una Política Federal de Estado. Para ello, nos propusimos fortalecer este Consejo de Seguridad Interior, responsable institucional de la relación entre la Nación y las provincias encabezado por el Ministerio de Seguridad, con vistas a promover una mirada federal de la política de seguridad. Sin embargo, es cierto que su historia reciente fue portadora de una mirada porteñocéntrica, expresada en decisiones sobre inversiones y despliegues en geografías y poblaciones de nuestro país, donde la naturaleza del conflicto y el delito recorre múltiples condiciones y distintos factores, muchas veces desconocidos e ignorados desde la capital.

Nuestro desafío, por ende, es multiplicar el abordaje de la seguridad a partir de diagnósticos ajustados a los escenarios y realidades regionales, provinciales y locales. En esta línea, hemos decidido elevar el rango de la Secretaría Ejecutiva a cargo, por primera vez en su historia, de un Secretario de Estado.

Hemos elegido este primer encuentro para presentar los lineamientos de nuestro plan federal de Seguridad y someterlo a consideración y debate de este órgano colegiado. Al mismo tiempo, entendemos que es el Consejo de Seguridad Interior el espacio institucional para recoger todas y cada una de las preocupaciones de los interesados en las temáticas de nuestra agenda. Eso incluye a organizaciones y expertos de la sociedad civil. Por ello convocamos al encuentro de la tarde de hoy como un conversatorio entre actores gubernamentales y no gubernamentales. Nos debemos un mejor diálogo, una mejor distribución, socialización y complementación de las capacidades desarrolladas en los diferentes puntos del país.

Las reuniones que hemos tenido durante los dos meses de gestión con ministras y ministros de casi todas las jurisdicciones y con varios gobernadores estuvieron dedicadas en gran medida a dialogar sobre las problemáticas de cada territorio y a compartir nuestros ejes de trabajo. Las experiencias positivas y negativas de cada uno de los distritos dan cuenta de un recorrido significativo en materia de seguridad porque así aprendemos a gestionar con eficacia y eficiencia. Nuestra política criminal no puede seguir atada a diagnósticos abstractos ni a recetas foráneas. Así como debemos reconocer las particularidades de nuestra diversidad, también debemos comprender que las experiencias internacionales tienen que ser tomadas en su justa consideración. Sabemos que las prácticas delictivas se alimentan de las redes globales, pero nuestro posicionamiento geopolítico y nuestra estructura estatal difieren de otros países de la región y del resto del mundo. Por eso necesitamos profundizar nuestros diagnósticos sobre las redes criminales, la alternancia en su composición, los distintos niveles de organización, determinar la conexión entre delitos y estudiar el impacto de las intervenciones policiales del Estado Nacional y provincial. Es necesario diagnosticar sus potenciales consecuencias negativas en términos de la violencia que genera la disputa por los mercados ilícitos de las segundas y terceras líneas.

Debemos articular saberes y recursos federales, provinciales y locales, concentrados cada vez más en la prevención social y comunitaria, asumiendo la importancia de un fuerte esquema de inteligencia criminal, de abordaje del delito complejo, de promoción de la seguridad como un derecho que se debe garantizar en todo el territorio nacional. De hecho hoy firmaremos varios convenios (además de los que ya se han concretado, como el Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior de Santa Fe y con la constitución de la Mesa Operativo Conjunta con la Provincia de Buenos Aires) para la intervención articulada en materia de Seguridad entre Nación y las provincias.

Entre otros convenios y acuerdos, firmaremos un acta-acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires para analizar el redespliegue de las fuerzas federales en ese distrito. Con Tucumán concretaremos la adhesión al Programa Nacional de Compactación de Vehículos en Desuso, programa que se irá extendiendo por toda nuestra geografía. Con Córdoba se firmarán tres convenios; con Chaco, Salta, Santa Fe y San Juan se firmarán convenios ya acordados que van desde la inteligencia criminal hasta la formación y capacitación.

Estamos jerarquizando los ámbitos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) junto con las necesidades de formación, capacitación y mejoramiento de rendimiento institucional y científico. Potenciaremos el proceso de trabajo en el marco del cual se obtuvo la máxima calificación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Se sumará a las universidades nacionales y los centros de investigación científica del país a la tarea de perfeccionar nuestro sistema de información criminal, en el marco de la creación de un Observatorio Federal de Información sobre delitos y violencias.

Estamos produciendo diagnósticos basados en la estadística del SNIC y otras fuentes de información, para poner a disposición de las provincias un programa de capacitaciones y asistencias técnicas en esta materia. El acceso a la información pública será, a partir de la publicación de los informes anuales del SNIC y sus bases de datos, parte de nuestros mecanismos obligatorios y éticos de acercamiento transparente a la sociedad. Convocamos a las y los referentes de las fuerzas provinciales y federales, a la reunión de la Comisión Permanente para el diseño y desarrollo de propuestas del Sistema Nacional de Estadística Criminal, a realizarse el próximo 28 de febrero en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Junto con los y las representantes de las provincias hemos coincidido en la convicción común de fortalecer un esquema integrado y articulado de seguridad que abarque la definición básica de los perfiles necesarios para la conducción y formación de nuestras policías y su capacitación permanente en función de la integración de un sistema de información consolidado que permita a todos y todas diseñar estrategias públicas sobre la base de evidencia empírica. La designación de las nuevas autoridades de las fuerzas federales ha sido definida en esa clave. El compromiso de esas mismas autoridades en materia de apego a la ley, de defensa y promoción de los derechos humanos, de la igualdad de género y de la descriminalización de los grupos sociales más segregados es fundamental para concentrar el trabajo de la seguridad en la prevención y conjuración del delito complejo.

Hemos colocado en el centro de nuestras políticas la perspectiva de género desde la formulación de los planes y programas de capacitación de todos los operadores del sistema de seguridad.
Hemos planteado la imperiosa necesidad de contar con políticas de prevención del conflicto que eviten criminalizar a grupos sociales y etarios específicos, muchas veces víctimas de prejuicios atávicos que incrementan la violencia e imponen esquemas tutelares que limitan la autonomía y los derechos, por ejemplo, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Debemos contar con buenos diagnósticos sobre las causas de la violencia evitando intervenciones en las que el Estado termine amplificando la violencia que debe mitigar y que, encima, no contribuya a reducir ni el delito ni la conflictividad.

Hemos tomado nota de la necesidad de abordar estrategias comunes en torno a problemáticas específicas: conjurar el narcotráfico, impedir la trata de personas, perseguir el tráfico ilegal de armas e imposibilitar el contrabando.

Es crucial reorientar la dirección de la inversión pública, destinada hasta hace poco al dispendio de fondos en prácticas espectacularizantes, golpes de efecto completamente ineficaces. Es fundamental reconstruir la complementación, coordinación y articulación entre las diversas jurisdicciones en función de un uso eficaz de nuestros recursos y de brindar un mensaje claro a la población sobre el esfuerzo compartido para hacer cumplir la ley. Insistimos: el derecho a la seguridad es una obligación del Estado.

Ese derecho a la seguridad, como indicó nuestro Presidente, debe contener y proteger a todos y todas; debe atender urgentemente a las y los más segregados por un sistema de acumulación y concentración que ha sido catastrófico para con la infancia y la vejez, afectando el futuro de nuestros y nuestras compatriotas y dañando las condiciones de vida de las mayorías.

Reconstruir el acercamiento entre el Estado y la población nos obliga a desmontar la producción sistemática de fantasmagóricos enemigos internos, ese relato que propicia y justifica el imaginario social e institucional de bandos, muy caro a la historia y a la población argentina.

Necesitamos desmantelar la legitimación que, en el pasado reciente, ha llevado a las Fuerzas de Seguridad a hacer un uso abusivo y desproporcionado de sus acciones contra falsos enemigos internos, forzando muchas veces la interpretación de las normas al punto de rayar la ilegalidad. Atacar a las víctimas de un sistema no hace otra cosa más que incrementar las desigualdades, los estigmas, la fragmentación, el resentimiento y la discriminación dañando el espacio social y el necesario prestigio institucional. El daño que provoca esa lógica afecta a todos y todas, así como a las fuerzas de seguridad. No es alentando la arbitrariedad de nuestras instituciones que lograremos protegerlas a ellas ni a sus integrantes. Cada vez que se les exige a las fuerzas de seguridad que defiendan los intereses de una minoría de poderosos se las daña. No es legítimo, no es legal, no es institucionalmente válido reclamar a las fuerzas de seguridad que acomoden sus prácticas al capricho de quienes pretenden conservar sus privilegios a costa de los derechos de las personas. Estamos convencidos de que el prestigio de las fuerzas de seguridad se construye y se sustenta en buenas prácticas, en el ejercicio profesional de sus funciones, tal como definen las leyes y exige la democracia.

Hemos decidido apostar al diálogo entre los Jefes de las Fuerzas de Seguridad aquí presentes (Comandante General Andrés Severino de la Gendarmería Nacional; Prefecto General Mario Farinón de la Prefectura Naval; Comisario General Juan Carlos Hernández y Lic. José Glinsky, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria) y las Organizaciones Sociales que han contenido la conflictividad social. Ese diálogo es un mojón en la elaboración de instancias de negociaciones y acuerdos para mitigar y prevenir la violencia. Reivindicamos ese diálogo y esa forma de construcción de confianza. Necesitamos reducir los niveles de confrontación que acaban con heridos y víctimas. Necesitamos una verdadera gestión del conflicto. Esa gestión no se resuelve con dolor ni con violencia sino mediante políticas públicas audaces, plurales, inteligentes, solidarias y republicanas.

Somos plenamente conscientes de las muchas demandas insatisfechas en la actual emergencia económica y social. Por eso debemos estar dispuestos como nunca a la canalización y a la priorización, con criterios éticos compartidos. Nuestra función es trabajar por una sociedad en la que las personas vivan mejor, en la que las personas confíen en sus fuerzas de seguridad, en la que las personas puedan ejercer su derecho a la seguridad. Nuestra obligación es que ese derecho sea una realidad. Tenemos que trabajar para vivir mejor. Y eso no será posible demonizando al prójimo. Las fuerzas de seguridad tienen una misión clave en ese horizonte.

Venimos trabajando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-, y con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -a través de Parques Nacionales-, para abordar de manera conjunta y con las provincias que así lo requieran, las problemáticas que puedan surgir en los territorios con demandas de pueblos originarios. Para ello hemos convocado a científicos sociales para que aporten su conocimiento a efectos de definir soluciones integrales ante cada situación. Se trata de anticiparnos a los conflictos, de evitarlos, de resolverlos de manera pacífica, evitando la criminalización de grupos o sectores sociales.

Argentina es un país complejo. Es un país diverso. Es un país heterogéneo y desigual. Articular políticas nacionales y locales es, precisamente, reivindicar la igualdad en la diversidad. Definir políticas públicas en materia de seguridad exige inteligencia y creatividad, no comprar soluciones mágicas ni modelos ajenos a nuestras realidades. Exige persuadir a la población de que su vecino –cercano y lejano- forma parte de su misma comunidad.

Está claro que nuestras obligaciones como funcionarios requiere mejorar nuestra gestión día a día. Poder elaborar, estudiar y resolver lo que arrojen los mapas del delito para administrar inteligentemente la disposición de las fuerzas de seguridad.

Nuestras obligaciones exigen profundizar, de manera coordinada, la entrega voluntaria de armas de fuego como parte de la reducción de las violencias que nos atraviesan. Debemos extender y mejorar los programas de seguridad en los barrios, trabajando de manera articulada con las comunidades y los gobiernos locales. La prevención social del delito no es un slogan. Es un imperativo que nos mejora como sociedad. Debemos reivindicar nuestra función social y cultural. Promover el espacio público para todas y todos, garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos, perfeccionar nuestros controles preventivos y respetuosos de las órdenes legítimas del Poder Judicial. Debemos promover capacitaciones para que el ejercicio de la seguridad responda al objetivo de un buen vivir. Debemos mejorar y renovar las técnicas de investigación criminal elaborando protocolos que impidan las arbitrariedades del funcionario o la autoridad de turno.

Debemos asumir la seriedad de las problemáticas que nos reclaman intervención. No es el show punitivo, el camino que nos permitirá enfrentar el problema del tráfico de drogas ilegales. Tal vez la sobreactuación haya sido el signo más elocuente de la debilidad de la persecución criminal encarada hasta ahora por el Estado, hacia el consumo de drogas ilegalizadas. Hoy sabemos que esa forma de persecución no ha reducido el problema. Por el contrario, lo ha agravado. Se triplicaron los consumidores y se facilitó el acceso (SEDRONAR 2017). Por consiguiente, el Estado debe fortalecer su política criminal hacia este problema desarrollando una política integral tendiente al cuidado de quienes consumen sustancias que atentan contra la salud.

En este sentido, se creará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros un Grupo de Trabajo Inter-ministerial sobre “Consumos de Sustancias y Cuidados”, con participación de la sociedad civil y legisladores tendiente al desarrollo de políticas segmentadas destinadas a sensibilizar a la población y a mejorar el plexo normativo respecto del alcohol, de los psicofármacos, del cannabis y de las drogas duras.

En tanto, consideramos prioritario redirigir los esfuerzos del Estado asumiendo la conducción estratégica del subsistema de inteligencia criminal, y su articulación con la investigación y análisis criminal a fin de producir conocimientos que contribuyan al diseño, la implementación y la toma de decisiones en políticas de seguridad pública a nivel federal y provincial; ello profundizará la federalización a través de la cooperación y coordinación inter-agencial en función de las problemáticas de seguridad provinciales y federales; ello reorientará la Cooperación Internacional en función de los intereses y objetivos de Seguridad de la República Argentina, generando canales de cooperación a partir de criterios de oportunidad, simetría y reciprocidad.

En el mismo sentido, estamos reorientando la operatividad de las fuerzas policiales y de seguridad mediante capacitaciones que mejoren nuestras investigaciones de delitos federales complejos, entre otros, sobre narcotráfico, redes criminales y organizaciones delictivas. Es necesario confiar y prestigiar nuestra capacidad de investigar. Cuando se lo ha hace de manera seria, la sociedad lo reconoce y lo reivindica.

Ahora bien, para ello, también es fundamental defender a quienes trabajan en las fuerzas de seguridad. Defender a las fuerzas exige garantizar los derechos de las y los trabajadores de cada una de ellas. Hemos iniciado programas orientados a la gestión del cuidado de la salud y el bienestar del personal de las fuerzas y sus familias, con una perspectiva de género. Hemos derogado protocolos regresivos, perjudiciales para la carrera y el bienestar del personal policial.

Proteger a los y las trabajadores de las fuerzas requiere garantizar que no se les exija vulnerar la ley ni incumplir con las normas nacionales e internacionales de investigación criminal y perital.
Normas y protocolos, además de resultar guías para la acción, son guías para la protección. Nunca la violación de la ley puede adquirir estatus institucional.

Nos oponemos tajantemente a dañar al personal de las fuerzas en función de las arbitrariedades e intereses de quien ejerza la voz de mando.

Estamos revisando y modificando los protocolos relativos a intervención en manifestaciones públicas. Estamos modificando los protocolos de detención a las y los miembros del colectivo LGBTTIQ.

Además, hemos reconstituido los instrumentos para la evaluación de desempeño y ascenso del personal. Hemos reformulado los mecanismos de pruebas de integridad eliminando los métodos que históricamente vulneraban los derechos de los y las trabajadoras de las fuerzas que eran lesivas de sus derechos individuales, algo inadmisible en un Estado de Derecho. Estamos elaborando un código de ética e integridad policial. Estamos trabajando en la prevención y el estricto control de la violencia institucional, también en diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.

Por otro lado, y como parte de la reivindicación de quienes trabajan en las fuerzas y de las instituciones a cargo del Ministerio y de las instancias securitarias de cada distrito, valoramos el esfuerzo cotidiano de quienes integran el Sistema Nacional de manejo del fuego (SNMF), los bomberos voluntarios, el voluntariado juvenil y social, los analistas de riesgo, las Defensas Civiles provinciales y locales y todo lo que proveen los Ministerios de Defensa, Ambiente, Salud, Cancillería (a través de los Cascos Blancos) y la especial coordinación a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Somos conscientes de la importancia fundamental del aporte del Consejo Federal de Gestión de Riesgo y Protección Civil que asumen la función de responder ante desastres y catástrofes mediante el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo (SINAGIR).

Pretendemos desarrollar una matriz preventiva que promueva la generación de ciudades más seguras y poblaciones menos vulnerables. Es sumamente relevante reducir la cantidad de desastres y su impacto en la vida de las personas. Nuevamente, es necesario optimizar los esfuerzos y recursos a partir de una regionalización y articulación entre los niveles del sistema.

Finalmente, he decido cerrar esta apertura refiriendo a las fronteras. Estamos convencidos de la necesidad de coordinar trabajos conjuntos con las Provincias fronterizas para la realización de operativos entre Fuerzas federales, provinciales y agencias del Estado como aduanas y migraciones. Creemos importante optimizar el control de los puntos fronterizos. Pero, y esto espero que sea comprendido de la manera más lúcida posible, nuestro proyecto es revertir la demonización y criminalización de las fronteras. En los últimos años se ha revivido una imagen de las fronteras como fuente y expresión de la amenaza y el peligro. Lejos de eso, creemos en fronteras de integración, fronteras para la regionalización. En una era en la que crecen los muros, los distanciamientos, las separaciones, nosotros estamos seguros de que las fronteras son espacios de circulación, intercambio, amistad y solidaridad. Pretendemos fuerzas de seguridad que ejerzan el control de las fronteras desde un paradigma de derechos, de atracción y de interacción. Pretendemos fronteras de cooperación, de crecimiento, de hermandad. Así como nuestras fuerzas ejercen la tarea de velar por el derecho a la seguridad, también ejercen el trabajo de un sueño fundacional en la historia del país.

Pretendemos volver a las fronteras de la convivencia, de la construcción cultural, de la integración social, de las amistades y, por supuesto, del derecho a la seguridad. Fronteras que reivindiquen un país diverso, plural, heterogéneo e igualitario. Para nosotros y para todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.

Muchas gracias.