La Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, lleva adelante un plan integral destinado a mejorar las condiciones de conservación, organización y consulta de su archivo histórico, que reúne documentación vinculada con los bienes protegidos en todo el país.

La iniciativa constituye un ejemplo de articulación entre el Estado, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil para la preservación del patrimonio cultural. El proyecto cuenta con el financiamiento de la Fundación Santander Argentina y el auspicio del programa Mecenazgo de la Ciudad, mientras que la gestión administrativa y la ejecución de los fondos se llevan adelante en colaboración con la Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural (ASIMPPAC).

El trabajo busca preservar un acervo documental que comenzó a conformarse en 1938 y que contiene información fundamental para conocer la historia, las características y las intervenciones realizadas sobre los monumentos y sitios protegidos.

La tarea contempla el tratamiento de alrededor de 200 biblioratos históricos, que durante décadas conservaron expedientes, fotografías, planos, informes y distintos documentos relacionados con los bienes.

El equipo de archivistas se ocupa en primer término de identificar, ordenar y registrar la documentación a partir de su organización original, mientras que las conservadoras intervienen posteriormente para estabilizar los materiales y mejorar sus condiciones de guarda. De esta manera, cada conjunto documental queda asociado al bien patrimonial correspondiente y preparado para su conservación y futura consulta.

Uno de los objetivos centrales es reemplazar los antiguos sistemas de guarda por materiales adecuados para la preservación documental. Los papeles se limpian y acondicionan, se utilizan soportes libres de ácido y se reemplazan elementos metálicos o plásticos que pueden afectar los documentos con el paso del tiempo.

En el caso de las fotografías, por ejemplo, se incorporan hojas de conservación que evitan el contacto directo entre los distintos materiales y protegen sus emulsiones, mientras que las cartulinas y otros elementos que pueden transferir componentes al papel son separados mediante interfoliado con materiales apropiados.

El proyecto también permite recuperar documentos que presentan deterioros producidos principalmente por el uso, las consultas reiteradas y las sucesivas mudanzas del archivo. Algunas hojas se encuentran dobladas, desprendidas o con roturas que dificultan su manipulación, por lo que se realizan intervenciones puntuales para estabilizarlas sin alterar su contenido.

A su vez, los planos y otros documentos de gran formato, que en muchos casos permanecían doblados dentro de los biblioratos, son acondicionados de manera específica. Una vez finalizado el proceso, la documentación se guarda en cajas especialmente preparadas y queda ubicada en condiciones más adecuadas para su preservación a largo plazo.

La coordinación del proyecto de la Comisión que arrancó en junio está a cargo de la licenciada Cristina González Bordón y la arquitecta Micaela Hernández, con el apoyo de Adolfo Brodaric como asistente de investigación.

El equipo técnico se conforma por profesionales y especialistas pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires y a la Universidad Nacional del Arte: las archivistas Noelia del Piano, Maricel Martínez, Gabriel Fernando González y Grisel Pascual, junto a las conservadoras Susana Cagliolo y Marianela Claverie.

Además de mejorar la conservación física, el proyecto apunta a generar una base de datos archivística que permita localizar la información mediante herramientas digitales. Así, el objetivo es que el archivo histórico de la Comisión pueda ser consultado de manera más ordenada y eficiente, sin perder el vínculo entre cada documento y el bien patrimonial al que corresponde.