Muchas personas que estudian el servicio de Justicia penal entienden que existe una relación intrínseca entre el consumo problemático de drogas y la comisión de delitos. Sucede que la mera aplicación de una pena, entienden también, no es una solución para abordar estos casos y que, en conclusión, muchas personas terminan reincidiendo y siguen consumiendo drogas de diferentes tipos.

Por eso la Justicia Terapéutica y su aplicación buscan una alternativa que redunde en beneficios para todos: para la persona que consume y que comete un delito, pero también para el Estado en materia de profesionalización, uso y ahorro de recursos.

De eso se discutió la semana pasada en la sede nacional de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica (AATJ) y la Secretaría de Gobernación de México, país que cuenta con experiencia en la temática.

Entre todos los disertantes hubo un acuerdo: hay ciertas cuestiones para las que no existen soluciones normativas y requieren de un trabajo que excede los alcances de un juez, de una condena o de la mera intervención de la Justicia.

En todo momento se remarcó la necesidad de trabajar en forma mancomunada, como lo hizo, a su turno, el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, quien remarcó que “la Justicia debe dar un salto cualitativo; ya no se trata sólo de establecer una condena”.

Un trabajo interdisciplinario

Esta iniciativa depende de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial, a cargo de Juan Bautista Mahiques, quien destacó que este órgano “hace un año que viene trabajando junto a los Ministerios Públicos y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) en la implementación del programa piloto con la intención de federalizar la iniciativa”. Al mismo tiempo, agradeció el “trabajo interdisciplinario que este proyecto implica”. Por su parte, la presidenta de la AATJ, María Silvia Oyhamburu, remarcó que “la Justicia puede y debe brindar mejores soluciones”.

María Sol Purita, coordinadora del Programa de Justicia Terapéutica del Ministerio de Justicia, señaló que “según el Banco Interamericano de Desarrollo, somos la región más violenta del mundo”, y uno de los problemas graves que se presentan en este sentido es la reinserción.

“Buscamos respuestas que superen la simple condena y que apunten a la resolución del conflicto subyacente al delito. Según un informe elaborado por la Justicia chilena, aplicar este programa cuesta un tercio de lo que sale privar a una persona de su libertad”, agregó Purita.

Este programa, que ya empezó a aplicarse en Argentina, consiste en que los infractores a la ley penal, en el marco de una suspensión del juicio a prueba o condena de ejecución condicional, puedan acceder de forma voluntaria a un tratamiento integral bajo la supervisión directa de un juez o jueza.

Luego, a través de diferentes herramientas, se promueve la inserción laboral y educativa de los participantes, así como el tratamiento sanitario en comunidades terapéuticas en pos de la reducción del consumo problemático.