El lunes 29 de noviembre se realizó el seminario "Empresas, Integridad, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible". Se trató del tercer y último encuentro del ciclo “Corrupción, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible”, organizado de manera conjunta entre la Oficina Anticorrupción (OA) junto al Observatorio de Políticas de Justicia y Seguridad Pública del Centro de Estudios de Innovación Institucional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Estas actividades son impulsadas desde la OA en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que apunta a transversalizar las políticas preventivas de la corrupción articulando con provincias y municipios con perspectiva de género, derechos humanos y medioambiente.

En esta oportunidad, el seminario hizo hincapié en las discusiones que se dieron en los últimos años sobre las nociones convencionales sobre la corrupción y la integridad en el vínculo entre organizaciones empresarias y sector público con miras al logro de metas del desarrollo sostenible. Desde ese enfoque se desarrollaron tres ejes: desafíos en la implementación de políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos; iniciativas y programas para avanzar en materia de transparencia e integridad; y los asuntos que debería contener una agenda común entre sector público y empresario en torno a la incorporación de buenas prácticas y metas de desarrollo sostenible, con especial perspectiva en derechos humanos.

En la apertura del seminario Valeria Caroglio, secretaría de Investigación y Publicación Científica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNCuyo, contó que este “Ciclo de seminarios tienen que ver con la tarea que lleva adelante el Observatorio que está nucleado en torno a la Secretaria, que desde hace un par de años se viene llevando adelante una política de apoyo porque entendemos que es una de las formas de vincular la universidad pública con la comunidad”.

El comienzo de las exposiciones estuvo a cargo de Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, quien explicó que “la participación del sector privado en los casos de corrupción suele ser determinante y amerita una política pública” de allí la necesidad de repensar el concepto de corrupción como clave en la construcción de políticas de integridad y transparencia.

En este sentido, el funcionario de la OA expresó: “la integridad implica el respeto por los derechos humanos, género y medioambiente. En el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y entidades (RITE) trabajamos en la prevención de la corrupción basado en el análisis de programas de integridad de las empresas. Bajo un concepto de integridad pensada no solamente como la no corrupción sino como el compromiso que deben tener las empresas en el respeto por los derechos humanos”. El funcionario agregó que “logramos que participaran cámaras y muchas organizaciones sel sector privado del proceso de elaboración de RITE” y de este modo “apelamos a una política pública construida junto a las empresas para que nos cuenten qué están haciendo sobre las políticas anticorrupción, que luego nos contarán sobre sus acciones para promover la igualdad de género el cuidado del medioambiente y los derechos humanos”.

Por su parte, Milagros Noli, directora de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Mendoza, realizó su aporte desde su ámbito de estudio que es el sistema interamericano de derechos humanos.

Desde ese punto de análisis Noli explicó que dentro de la “relación que existe entre los organismos del sistema y el sector empresarial, el Estado tiene deberes de garantías: en el nivel de prevenir violaciones a Derechos Humanos, frente a una situación de riesgo; la supervisión del disfrute efectivo de los derechos humanos de las personas vinculadas al sector empresarial; otro deber es adoptar decisiones o medidas de otro carácter para asegurar a que el funcionamiento del sector empresarial permita el respeto; y el cuarto es el deber de investigar, sancionar y reparar vulneraciones de ddhh cometidos a raíz de la participación del sector empresarial”.

Más adelante, Alejandro Gaggero, investigador del Conicet, centró su exposición en el mundo de las grandes empresas y el mundo offshore para pensar políticas y debates dentro de la sociedad civil. Respecto al respeto de los derechos humanos, el investigador explicó que “el Estado tiene un rol central asegurando el cumplimiento de esos derechos, y un Estado desfinanciado no puede cumplir con ese rol”. En este contexto, Gaggero explicó: “Los paraísos fiscales se transformaron en un punto clave de la evasión fiscal en el mundo que tiene consecuencias más graves en países como el nuestro”. Al tiempo que agregó: “nuestro país tiene un déficit importante de información sobre las grandes empresas, de información sistematizada y puesta a disposición de los ciudadanos y sociedad civil organizada”. En este punto habló de la necesidad de tener más datos “sobre quiénes son los propietarios, qué rol juegan las guaridas fiscales” y destacó al RITE como una iniciativa viable en este camino del que “queda por andar”.

Seguidamente, Daniel Schteingart, director Nacional del Centro de Estudios para la Producción, Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, explicó que desde su cartera se puso en marcha en julio de este año un Plan de Desarrollo Productivo Verde, “tendiente a reducir el impacto ambiental de las actividades productivas”. En su explicación Schteingart sostuvo que “los países desarrollados y en vías de desarrollo vienen tratando de pensar en la transición hacia una economía más sostenible” de allí la necesidad de poner en marcha el plan mencionado para “poder desacoplar el impacto que un crecimiento del PBI genera en la variable ambiental también hacer de ese desafío una oportunidad para generar más puestos de trabajo y disminuir la pobreza y la desigualdad”.

Por último, Omar Palermo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, mencionó una “primera tesis que es que en el estado de derecho se incluye la protección de derechos humanos como tarea del Estado, ahora, el Estado no puede ocuparse de todo de manera absolutista. También la tarea de preservar el estado de derecho es de los particulares y de las empresas que responden frente al derecho y son parte del cuidado de este”. Otro punto que expuso Palermo fue el “principio de responsabilidad social empresaria: hay que prestar un servicio que mejore a la sociedad”.

La moderación estuvo a cargo de Pablo Garciarena, miembro del Observatorio de Políticas Judiciales y Seguridad Pública de la Universidad Nacional de Cuyo.