Esta actividad se desarrolló en el marco de un acuerdo firmado entre la Oficina Anticorrupción (OA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del cual la Argentina solicitó su adhesión a las Recomendaciones de Integridad Pública de OCDE y encargó a este organismo la confección del Estudio de la OCDE sobre Integridad en Argentina.

En primer lugar tuvo lugar el panel de discusión “Mitigación de los riesgos de integridad en los procesos de contratación pública en Argentina, sobre todo en el contexto de la emergencia sanitaria”.

María Eugenia Bereciartua, titular de la de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros destacó el funcionamiento de la plataforma Acordar: “Es muy importante porque termina funcionando como un observatorio. Se puede acceder de modo georreferenciado a los bienes que se compraron en todas las provincias”.

Y agregó que “la ONC disponibiliza en una misma plataforma las ofertas para que todas las provincias tengan acceso. Se compulsan bienes para cada una de las jurisdicciones. Así los precios no se ven influidos por ningún otro factor; las provincias pueden acceder a un precio transparente sin que esté incluido el costo de la logística”.

A continuación, Irma Miranda, Síndica General Adjunta de la Nación, manifestó: “La pandemia vislumbró la importancia del control interno ante estas circunstancias que ameritan trabajar para atender las necesidades de la población sin descuidar los principios de transparencia e integridad”.

Sobre el tema, opinó que “el rol del estado nacional es fundamental para controlar la pandemia” y recordó que “en ese marco se dictaron diferentes normas, tanto para declarar la emergencia nacional como para realizar las compras necesarias durante la emergencia a fin de mitigar las consecuencias del coronavirus”. Explicó además el trabajo que está realizando la Sigen con respecto a establecer precios testigo.

Luego del receso el taller continuó con el análisis de un caso práctico de conflictos de intereses propuesto por Felicitas Neuhaus, Especialista en Políticas de Integridad de OCDE. Allí, divididos en grupos, los más de 60 participantes de diversos organismos públicos nacionales y provinciales debatieron, en base a la legislación vigente, si el caso propuesto constituía o no un conflicto de intereses real, aparente o potencial.

En el cierre, Félix Crous, titular de la OA, dijo que “este taller es una experiencia alentadora, agradecemos el servicio que la OCDE nos brinda, es una potente herramienta para calibrar la calidad de nuestra gestión y para orientar con perspectiva más amplia a dónde dirigimos nuestros esfuerzos”.

Además, Crous señaló el compromiso de “seguir trabajando en red y con todos los gestores del Estado porque creemos que en este camino todos podemos producir mejor; que el producto de nuestro trabajo sinérgico es siempre mejor que el producto de nuestro trabajo aislado, en la calidad y en la mejor utilización de nuestras energías”. Finalmente, destacó que hemos podido desarrollar un corpus normativo, una acción que nos permite llegar a medio año de la crisis de la pandemia con razonables estándares para una gestión transparente del Estado".