La Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal tuvo una nueva reunión en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y decidió la creación de un tipo penal referido al tráfico de armas. El presidente de la Comisión, Mariano Borinsky, destacó que “con el fin de proteger la seguridad y cumplir con compromisos asumidos por el Estado argentino en convenciones internacionales se decidió crear un nuevo tipo penal, con hasta quince años de prisión, para quien de forma ilegal fabrique, acopie, transporte, venda, canjee o intercambie o de cualquier forma comercie armas de fuego, sus piezas o sus municiones”.

Los juristas precisaron la redacción de los artículos referidos a la tenencia y la portación de armas de fuego, de uso civil y de uso civil controlado, y en este marco recibieron a Natalia Gambaro, titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que explicó la normativa administrativa, las dificultades de su aplicación y la importancia del desarme.

También la Comisión trabajó sobre el tema de la ocupación ilegal de viviendas, y decidió elevar la pena de uno a cuatro años, en los casos de la usurpación de inmuebles y o terrenos con violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza y de forma clandestina.

El director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos González Guerra, recordó, sobre este punto, que con junto a sus colegas Patricia Llerena y Yael Bendel recibieron “testimonios y aportes de personas que quedaron en la calle por la ocupación de sus propiedades, en el marco de la presentación del anteproyecto en la Feria del Libro”.

El pleno además, decidió la creación de una agravante de hasta cinco años de pena, en el caso de la usurpación de áreas especialmente protegidas como los parques nacionales.

Sobre la documentación

A raíz de un pedido de jueces federales de Jujuy se decidió asimilar la utilización de un documento de identidad falso de un extranjero a la de un nacional, ya que la redacción actual habla solo en el caso de los argentinos de DNI y en el caso de los extranjeros de pasaporte.

Borinsky destacó que “hay un vacío legal ya que no se prevé que una persona extranjera pude utilizar un documento distinto del pasaporte, por ejemplo uno del Mercosur, para acreditar su identidad e ingresar a la Argentina y esa conducta a no estar incluida expresamente en la norma no se puede penar.

La Comisión está abocada a la revisión final del nuevo texto. La estructura formal intenta mantener el articulado tradicional en los artículos destacados, para facilitar la adopción por parte de los operadores del sistema. También realizaron un examen de su contenido jurídico como un todo, y en relación a los modelos del derecho comparado más moderno.

La Comisión está presidida por Borinsky, y acompañado por González Guerra. El resto de los integrantes son: el fiscal Pablo Nicolás Turano, los camaristas Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena, el procurador general de Salta, Pablo López Viñals, el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer.

También la conforman los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.