El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, presentó en un plenario de comisiones el proyecto del Poder Ejecutivo para establecer un “Régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad“, para promover la inclusión social de un sector de la población con discapacidad. Ante las comisiones de Trabajo y Previsión Social; de Población y Desarrollo Social y de Presupuesto y Hacienda en el salón “Eva Perón“, el ministro, acompañado en esta oportunidad por el subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional Matías Barroetaveña, indicó que la legislación apunta a derogar la ley 24.147 -que nunca llegó a ser reglamentada- y prevé la creación de talleres protegidos especiales para el empleo y regularización de los ya existentes con apoyo del Estado.

El ministro sostuvo que el crecimiento económico sostenido en el tiempo se realizó de manera inseparable a la inclusión social, subrayando que esta “inclusión social debe ser a su vez con inserción laboral”.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo ingresó al Senado el 7 de junio último y es cabecera para su tratamiento la comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside la santiagueña Ana Corradi de Beltrán (FPV).

Tomada destacó que “venimos trabajando muy fuerte en el logro del cumplimiento de que los organismos públicos tengan hasta el 4 por ciento de su dotación cubierto por personas con discapacidad” y elogió al Senado de la Nación que, reconoció, “ha sido muy proactivo en esto”.

El ministro dijo que la propuesta dispone “un conjunto de estímulos y de subsidios” que también van a permitir “regularizar la situación de una serie de talleres que existen y están en una situación de semi irregularidad. Son aproximadamente unos 315 talleres y aproximadamente 7 mil trabajadores”.

Tomada señaló que el Ministerio de Trabajo ya ha presupuestado los fondos para hacerse cargo de los subsidios los dos primeros años que establece el régimen.

El proyecto del PEN crea tres tipos de talleres: el Taller Protegido Especial de Empleo (TPEE); el Taller Protegido de Producción (TPP) y los Grupos Laborales Protegidos (GLP) e indica que podrán ser organismos responsables de las dos primeras modalidades las entidades públicas o privadas sin fines de lucro con personería jurídica propia.

Los TPEE serán de inclusión social y capacitación en tanto los TPP serán productivos y los GLP de trabajo más formal. La protección comprenderá a personas con discapacidad, cuyo nivel de capacidad será previamente evaluada para su inserción en los grupos, que estén desocupadas o tengan escasa productividad. El gasto que demande la aplicación de la ley estará a cargo del Estado Nacional por 24 meses en los TPEE y los TPP. Para los trabajadores que se desempeñen en los TPEE la remuneración consistirá en una asignación mensual no remunerativa equivalente al 40 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil.