Es un gran honor para mí participar de este primer e histórico acontecimiento de la Reunión de Ministros de Trabajo del G 20.

Felicito al Presidente Barack Obama y a la Secretaria Hilda Solís por promover, organizar y trabajar muy fuerte para el éxito de esta reunión.

Quiero también, en mi carácter de Presidente de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (de la cual acá hay presentes 5 países: Canadá, EEUU, Argentina, Brasil y México) traer el saludo de los ministros de Trabajo de las Américas que nos han encomendado aportar el texto de la última Declaración aprobada bajo el título: “Enfrentar la crisis con desarrollo, trabajo decente e inclusión social”. Hay que destacar -como novedad- que en esa Conferencia participaron los Ministros de Economía, de Industria o de Finanzas de muchos de nuestros países. Fue una reunión muy estimulante para la coordinación y articulación de políticas.

Es bueno recordar que el G 20 empieza a fines de los años 90 como un órgano internacional de exclusivo carácter financiero. En cambio, la reunión de hoy es la respuesta inmediata a la demanda de nuestros Líderes que instalaron el empleo como un eje central frente a la crisis en la Declaración de Pittsburgh.

Se trata de la primera vez, en la que se pone el acento en el empleo y en las consecuencias que los problemas del mercado de trabajo ocasionan a las sociedades.

Las preocupaciones de las crisis anteriores estuvieron siempre puestas exclusivamente en los Ministerios de Economía o en organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

La preocupación por dar una “vuelta de página” había comenzado anteriormente para muchos de los países de América Latina, y en particular en mi país, la Argentina. En la Revista Internacional del Trabajo de septiembre 2009, se describe adonde nos llevaron las políticas del Consenso de Washington, de apertura indiscriminada, de desregulación financiera y laboral y, sobre todo, de debilitamiento del Estado y de las políticas públicas.

Hoy comienzan a tener un lugar los Ministerios de Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo y un debate no saldado aún sobre qué hacer para crear y preservar empleo.

Es interesante que la crisis, resultado de una “era de irresponsabilidad” como se denominó en Pittsburgh, sea analizada desde dos perspectivas poco habituales: el empleo, de un lado, y las políticas públicas, del otro.

La crisis ha puesto de manifiesto que el trabajo tiene una importancia central, tanto desde el punto de vista productivo, y económico, como social por el impacto en las personas, en la demanda y en sus consecuencias sobre la pobreza y el hambre. El mundo está preocupado por estas consecuencias y debe seguir preocupado.

Los Ministros de Trabajo, los representantes de los trabajadores y empleadores - conjuntamente con la OIT- tenemos el deber, la responsabilidad y la obligación que efectivamente el empleo de calidad se sitúe en el centro de la recuperación económica y productiva.

Esta reunión se realiza en un contexto político peculiar dado que en los círculos económicos de los países desarrollados, sobrevuela la hipótesis de que la recesión mundial está entrando en su fase final. Lo cierto es que, aunque esas opiniones fuesen ciertas, se reafirma el criterio ya verificado en otras crisis, que siempre la recuperación del empleo se retarda.

En sentido contrario, aporto la experiencia de la Argentina que sufrió una crisis política, económica y social en el 2001, y la superó con políticas de Estado destinadas a promover la recuperación de la economía a través de la expansión de la demanda efectiva y el empleo. Ese objetivo respondía a la necesidad de favorecer una salida que incluyese un perfil productivo basado en la economía real. Sobre la base de aquella experiencia, el gobierno argentino alcanzó reconocimiento por su capacidad para enfrentar la actual crisis financiero-económica mundial.

El moderado impacto en el mercado de trabajo argentino es el resultado de la decisión que el Gobierno adoptó a partir de 2003 y reiteró en el 2009 frente a la coyuntura contractiva internacional, al posicionar al empleo en el centro de las políticas públicas.

Esto implica, en términos concretos, que las acciones se direccionaron a que el crecimiento de la economía incluyera un sostenido incremento del trabajo formal, de los ingresos y de la cobertura del sistema de protección social, en lugar de las habituales medidas de ajuste.

Las principales líneas de acción fueron: Políticas macro: Se asignaron importantes recursos orientados a fomentar las inversiones, la producción y el consumo en sectores con impacto positivo en el nivel de la actividad y en el mercado de trabajo. Entre otros: la construcción de infraestructura y viviendas; estímulos a sectores de la industria; créditos para prefinanciación de exportaciones; créditos para Pequeñas Empresas. En todas las medidas adoptadas se incluyó la Cláusula de Preservación del Empleo, como requisito para acceder y mantener los beneficios y subsidios.

Políticas para la preservación del empleo: Se impulsaron Procedimientos de Crisis a nivel de empresas con la intervención del Estado para atender a las situaciones que podían afectar el nivel de actividad y de ocupación, a través del diálogo entre empleadores y trabajadores, buscando soluciones que no implicaran la ruptura del vínculo laboral.

Se ampliaron los alcances del Programa de Reconversión Productiva a través del cual el Estado paga parte del salario de los trabajadores de empresas en situación crítica. El 77% de las prestaciones fueron otorgadas a empresas pequeñas de hasta 50 trabajadores.

Para incentivar la contratación formal de trabajadores y la regularización del trabajo no registrado, se tomaron medidas de estimulo fiscal a las empresas. Política de ingresos: Se estableció una ley que garantizó los aumentos de los haberes de los jubilados y pensionados; Se incrementó mediante el diálogo social el salario mínimo vital y móvil; Se mantuvo la mejora de los salarios a través de las convenciones colectivas de trabajo y se sostuvieron los programas de transferencia monetaria. Se dispuso una reducción del impuesto a las ganancias para los trabajadores.

Políticas de fortalecimiento de sistemas públicos. - Se consolidó la Red de Servicios de Empleo a nivel local para ejecutar acciones de intermediación y de capacitación. - Se puso en marcha el sistema de formación continua a nivel sectorial y regional paraatender las necesidades de capacitación actuales y futuras de la producción de bienes y servicios. - Se estatizó el sistema de pensiones como estabilizador automático al limitar la disminución de la demanda agregada. Políticas de protección social.

Es consenso internacional la necesidad de avanzar hacia el logro de un piso de protección social, en particular para los mayores y los niños. La seguridad social es una condición del desarrollo económico, no una consecuencia. En muchos de los países aquí presentes, la protección social estuvo en el inicio del camino hacia el crecimiento y no en el final.

En la Argentina logramos, en la actualidad, pasar del 70% al 98 % la cobertura de los mayores en el sistema de Seguridad Social.

Por otro lado para revertir la situación de la mayoría de los niños y jóvenes se creó la Asignación Universal por Hijo que cubre a los menores de 18 años. La Asignación permitirá reducir la pobreza en, al menos, 6 puntos porcentuales.

Ambos focos de atención (mayores y niños) han permitido expandir la cobertura del sistema de protección social al mismo tiempo que se avanza en mejorar la calidad de las prestaciones.

Sra. SECRETARIA Sobre la base de esta experiencia y antes de puntualizar nuestro planteo, quiero sintetizar desde donde partimos.

Partimos de la visión -poco ortodoxa pero real- que las políticas de empleo e ingresos son parte constitutiva de las políticas macroeconómicas, junto con la monetaria y la fiscal.

Constituyen dimensiones centrales de una estrategia que basada en una fuerte inversión en la economía real y productiva pueda contribuir a un “crecimiento vigoroso, sustentable y duradero”. Actúan sobre el nivel de demanda agregada, sobre las expectativas y sobre la distribución del ingreso.

Por esto, debemos avanzar en cuatro líneas de acción: Lograr una fuerte coherencia y coordinación del conjunto de políticas fiscales, monetarias, económicas y sociales. La gradualidad de las políticas y la calidad de la coordinación trazan una diferencia sustancial para el crecimiento económico y sus efectos distributivos en especial en lo referido al nivel y calidad del empleo. La sostenibilidad del desarrollo exige políticas públicas que hagan viable que los países se inserten en la economía internacional con una mayor integración interna, tanto a nivel económico como social.

Invertir en la economía real y productiva. Se trata de estimular las inversiones y canalizar recursos hacia los sectores generadores de empleos sostenibles. Debemos pasar de la especulación financiera a la jerarquización de la producción y la innovación, del corto placismo al mediano y largo término; Fortalecer el rol del Estado, y de las instituciones laborales. Ello significa un Estado tutelar y proactivo, de promoción del empleo, de protección de los derechos de trabajadores y trabajadoras y de fomento de un clima de creación de empresas sustentables.

Cuestionamos, tal como lo hiciera nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Cumbre de Londres, la alternativa de usar la desregulación de las instituciones laborales y el debilitamiento de los derechos de los trabajadores, como supuestos remedios para la crisis.

Debemos avanzar también hacia la construcción de pisos de protección social y generación de ingresos para los sectores de menores recursos que ayudan al círculo virtuoso de consumo, producción y empleo.

Con estos cuatro puntos en los que propongo avanzar, intento que nuestras recomendaciones aporten concretamente a la decisión de los líderes en la Cumbre de Pittsburgh tomando como referencia el Pacto Mundial del Empleo aprobado por los Gobiernos, empleadores y trabajadores de 192 países en la Organización Internacional de Trabajo.

ESTIMADOS COLEGAS Quiero finalizar señalando que: Cada país tiene su tradición, su historia, modelos económicos diferentes y niveles de desarrollo muy heterogéneos, pero todos sabemos que un factor fundamental para el bienestar, y para mejorar la distribución del ingreso es el sostenimiento del empleo, fuente de ingresos, pero también de ciudadanía, y básicamente, fuente de derechos.

Las duras experiencias de mi país dejan también una profunda enseñanza que por otro lado, ya señalaron importantes economistas: el mercado por sí sólo no puede establecer ni equilibrio, ni equidad; requiere de un Estado que articule, y que vele por el bien de las mayorías.

Como se dijo en Pittsburg “no podemos descansar hasta que la economía mundial se restablezca plenamente y las familias trabajadoras de todo el mundo encuentren puestos de trabajo decentes”

Buenos Aires, 20 de abril de 2010 Agradecemos la difusión.