A través de un comunicado, la Sindicatura General de la Nación solicitó a los entes reguladores de Comunicaciones, del Gas, de Agua y Saneamiento, y de la Electricidad, diferentes precisiones sobre las medidas previstas para la regularización, por parte de los usuarios y usuarias de los pagos de los servicios prorrogados.

La solicitud de la SIGEN obedece a los alcances del Decreto Nº 311/20, emitido por el Gobierno Nacional, que beneficia a los sectores más vulnerables y dispone la prohibición temporaria del corte de suministro de servicios que resulten centrales para el desarrollo de la vida diaria.

El mismo decreto, en uno de sus artículos, contempla que “en todos los casos, las empresas prestadoras de los servicios deberán otorgar planes de pago para cancelar las deudas”. Sin embargo, la norma no especifica que ocurrirá con los intereses que se generen por el no pago a término de estos servicios.

En este sentido, SIGEN solicita a los entes reguladores conocer la posición que adoptarán en lo relativo a este punto, como así también que pautas se utilizarán para la reglamentación del decreto.

Asimismo, la nota dirigida a Claudio Ambrosini, titular del ENACOM, a Federico Bernal, Presidente del ENARGAS, a Eduardo Blanco, Director del ERAS, y a José Basualdo Richards, Presidente del ENRE, apunta a conocer el detalle sobre los planes de pago de las compañías, como así también qué fuente de información determinará e identificará a los usuarios beneficiados, además de los controles previstos para verificar el cumplimiento del beneficio de las prestatarias.

Al respecto, el Síndico General de la Nación, Carlos Montero, resaltó que “vivimos una etapa de absoluta emergencia, que requiere de la responsabilidad y el compromiso de todos. Una etapa en la cual no podemos permitir abusos ni mezquindades”.

En esta dirección, rechazó: “Es paradójico que estas prestatarias de servicios, que nunca pierden, no sólo castigan a los sectores más postergados con tarifas altísimas sino que también vuelven a golpearlos con intereses que están por encima de la inflación, e incluso de la cotización del dólar”.

“Las empresas -añadió Montero-, también tienen que estar a la altura de este momento, de un Estado presente que encara iniciativas para reducir el impacto de los efectos de esta pandemia. Si se condena a los más vulnerables a costear intereses desmedidos por eventuales moras, no sólo no se los beneficia sino que se empeora su situación a futuro, sumándole deudas y cargas en un contexto de emergencia”.