Todos fuimos niños alguna vez, todos hemos pasado por esta primera etapa de la vida en la que el primer grupo humano que integramos es la familia. Luego, mientras crecemos, entramos a explorar otros grandes mundos, como son el de la escuela y el de los amigos. Cada uno de ellos, funciona como agencia de socialización en la vida del niño, niña y adolescente, poseen sus propias normas de convivencia y sus propias prácticas, que permiten al niño su desarrollo humano e influyen de manera decisiva en su construcción como persona. A su vez, estos espacios de socialización tienen algo en común que orientan dichas normas de convivencia y prácticas: los valores y las creencias sobre estos valores.

Observamos el rol clave que tiene la cultura en el desarrollo integral de las personas desde que nacen. A su vez, como sabemos, la cultura está ligada y condicionada por diversos factores: el contexto histórico, las ideas predominantes del momento, los intereses de los Estados, etc. Es permeable a todos ellos. Nos preguntamos entonces: ¿por qué ocurre esto? Porque la cultura es producto de la acción humana. Por lo tanto, las creencias, las prácticas y normas de convivencia que la componen son su causa y su efecto a la vez.

El Estado Argentino ha ratificado en 1990 la Convención Internacional de los Derechos del Niño. De esta manera, demostró por un lado el interés y reconocimiento por parte del Estado de un nuevo paradigma en materia de derechos de la niñez; y, por el otro, generó la necesidad de adecuar sus normas de convivencia internas. En este sentido, se sancionó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que permitió derogar la Ley de Patronato, vigente en nuestro país desde 1919. Desde ese momento, todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio argentino están protegidos integralmente de manera que se garantice el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Ahora bien, ¿qué pasa con las prácticas y las creencias de las personas, e incluso del mismo Estado, basadas en el paradigma anterior, de acuerdo al cual la niña, el niño y el adolescente son incapaces, tratados como objetos de tutela, de protección e incluso de represión? El diseño, reglamentación e implementación de una ley no implica de modo alguno que el cambio se dará de manera inmediata. Es éste el desafío mayor del Estado, pero también de la sociedad en su conjunto. Los cambios culturales integrales requieren de tiempos prolongados para generar otro tipo de prácticas y conductas en las personas, basadas ya no en la idea del niño como “objeto de propiedad”, sino como una persona digna con derechos inherentes a su condición humana.

Aún hoy, en los albores del siglo XXI, nuestros niños, niñas y adolescentes siguen constituyendo un grupo en situación de alta vulnerabilidad. Se encuentran permanentemente expuestos a contextos de violencia que, de acuerdo con estadísticas de organismos internacionales, van en aumento. Explotación laboral, explotación sexual, maltrato, violencia familiar, discriminación en las escuelas y pobreza son algunas de las situaciones traumáticas por las que la vida de miles de niños, niñas y adolescentes transitan. En este necesario proceso de transformación, es clave el compromiso social y la toma de conciencia de todos y cada uno de los actores sociales y políticos para la construcción de una infancia y/o adolescencia digna y feliz, que permita el desarrollo humano pleno de las personas.