Organizada por la Secretaría y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, se llevó adelante la señalización en memoria de las víctimas de la Masacre de Esteban Echeverría, en el marco de una nueva conmemoración del Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional.

Del acto que tuvo lugar esta tarde participaron el secretario Horacio Pietragalla Corti y el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, acompañados por familiares, amigos y amigas de las diez víctimas de la masacre.

También estuvieron presentes el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, Mariano Przybylski, y su par de la provincia de buenos Aires, Ignacio Alvarez.

Durante su intervención, Pietragalla expresó que "es necesario erradicar la violencia institucional en las fuerzas de seguridad trabajando con todos los poderes del Estado" y agregó: "por eso, es fundamental la sanción de Ley Integral contra la Violencia Institucional que está en el Congreso, para visibilizar y abordar esta problemática que sabemos que, después de la dictadura y de los años de impunidad, se enquistó en nuestra democracia".

Más tarde, los funcionarios y los familiares presentes descubrieron el cartel por Memoria, Verdad y Justicia, con los nombres de las víctimas de la Masacre: Jorge Ramírez y Eduardo Ocampo, que fallecieron en la Comisaría; Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Miguel Angel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda y Fernando Martín Argüello, que murieron en distintos hospitales.

La señalización forma parte de la campaña que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en todo el país, con el objetivo de visibilizar las consecuencias de la violencia institucional y dar una clara señal para que hechos como estos no ocurran nunca más.

El caso

La Masacre de Esteban Echeverría se inició cuando los efectivos de la Comisaría 3 de Transradio cortaron la electricidad de las celdas, como una forma castigo hacia las personas que estaban detenidas. Como forma de protesta, los detenidos comenzaron a prender fuego un colchón, y por las condiciones de hacinamiento del lugar y la cantidad de mantas y colchones no ignífugos, el fuego creció rápidamente.

Mientras esto sucedía, ninguno de los policías acudió para intentar sofocar el incendio o tratar de abrir las celdas. Según relataron los sobrevivientes, los efectivos tampoco dieron aviso al cuartel de bomberos, ni informaron a los familiares sobre lo ocurrido.

La Comisaría ya tenía siete clausuras declaradas y estaba inhabilitada para alojar detenidos. Además no contaba con matafuegos ni dispositivos que impidan la propagación del fuego.

Así, atrapados por el fuego y la desidia estatal, murieron diez de las personas que se encontraban detenidas. En un principio se quiso caratular el hecho como un intento de motín, pero gracias a la lucha de los familiares de las víctimas, la causa dio un giro y la justicia imputó a los policías Jesus David Muñoz, Edith Giselle Juárez, Emilio Adolfo Cañas, Lucas Daniel Calderón y Eric Alexander Blanco por el hecho.