El pasado jueves 29 de abril se realizó de manera virtual la segunda reunión del Consejo Asesor de la Estrategia Nacional de Integridad a efectos de presentar avances en el diseño de la Estrategia y conversar sobre el Reglamento de Funcionamiento del Consejo.

El Consejo está integrado por 30 representantes de organizaciones de la sociedad civil, sector privado, entidades académicas, organismos internacionales y multilaterales, y por expertos y expertas a título personal con interés y/o reconocida trayectoria en la temática. Tiene la función de monitorear sus iniciativas, elaborar informes de seguimiento y difundirlos, elaborar propuestas no vinculantes de mejoras, incorporaciones y actualizaciones, producir y difundir información.

En el encuentro estuvieron presentes Beatriz de Anchorena, Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional; Luis Villanueva, Subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción; Juan Ignacio Morelli, Director Nacional de Integridad y Transparencia de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, y Natalia Torres, Directora Nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción.

Los temas centrales de la reunión fueron, por un lado, la presentación del estado de situación respecto a la evaluación de las iniciativas, los lineamientos y agenda de trabajo de la ENI, así como, la puesta en común de los principales ejes y propuesta de Reglamento del Consejo, por parte de ambas jurisdicciones.

En este marco, la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, Beatriz de Anchorena, expresó que el objetivo es construir “herramientas de planificación, monitoreo y evaluación para que las respuestas que damos a los problemas públicos resulten apropiadas”. Para esto, se hace un énfasis particular en el fortalecimiento de las capacidades estatales, sobre todo la que se define como relacional.

“Nosotros la ponemos en práctica en tres dimensiones: una capacidad de coordinación y articulación entre las diferentes organizaciones del Estado; el nivel federal; y la tercera tiene que ver con la participación social. Escuchar a los actores, a ciudadanas y ciudadanos, cámaras, organizaciones de la sociedad civil, atender y entender, para que el Estado pueda tomar su decisión enriquecida con las diferentes visiones”, explicó.

Además, resaltó que la relación con la sociedad civil y la participación social es parte de la forma en la que se deben tomar decisiones para la construcción de un modelo de gestión democrático y federal.

A su vez, Juan Morelli, explicó los avances relativos al envío a los organismos de las iniciativas que éstos habían presentado en el Plan Nacional Anticorrupción y las distintas actividades que llevaron a la confección de una agenda de trabajo. “Varias iniciativas originales tenían definiciones muy amplias, abstractas, carentes de precisiones para el seguimiento y evaluación, y eso fue algo que nos motivó a que pensáramos en una evaluación sustantiva y formal”, resaltó. Para facilitar el seguimiento, se propuso que las iniciativas puedan ser evaluadas y monitoreadas a través del Mapa de Acción Estatal, iniciativa llevada adelante desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional.

Por su parte Natalia Torres detalló las distintas instancias de trabajo con los organismos y remarcó que se busca crear una “planificación estratégica que reúna aquellas iniciativas que son transformadoras, potentes, con mirada federal y con vinculación con compromisos internacionales”.

Luis Villanueva explicó la propuesta de Reglamento Interno del Consejo, el cual fue puesto a disposición para ser analizado y pueda ser comentado por parte de sus miembros. Uno de los ejes de la propuesta, contó Villanueva, es “facilitar espacios de diálogo y articulación de organismos públicos con el Consejo. Creemos que vale la pena la articulación y el diálogo entre el sector público con las organizaciones de la sociedad civil”.

La Estrategia Nacional de Integridad es una iniciativa lanzada en el 2020 desde la Oficina Anticorrupción y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional que se basa en la revisión holística de las iniciativas incorporadas al “Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023”. Su objetivo es privilegiar una visión estratégica, integral y federal, jerarquizando la política preventiva y poniendo en el centro el diseño e implementación de políticas públicas que mitiguen los riesgos e ilícitos contra la administración pública.