SEDRONAR disertó en la 67° asamblea de la CICAD-OEA

La secretaria Gabriela Torres participó de esta sesión del organismo americano que se ocupa de la problemática del consumo de sustancias. El encuentro se llevó adelante esta mañana de forma virtual por la pandemia del coronavirus


La titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Gabriela Torres, participó del 67° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se desarrolló esta mañana a través de una videoconferencia por la pandemia de la COVID-19.

“Creemos que debemos trabajar más sobre las motivaciones de consumo de los jóvenes y en políticas para que nuestras poblaciones tengan más herramientas para poder elegir no consumir”, resaltó Torres en el encuentro virtual. Y agregó: “Para eso es necesario reducir las brechas socioeconómicas en nuestras democracias”.

Además, la funcionaria nacional remarcó la importancia de diferenciar las estrategias de cuidado para las personas que atraviesan un consumo problemático de sustancias, de las destinadas a la lucha contra el narcotráfico.

Por otro lado, Torres hizo referencia a la ampliación de servicios de la SEDRONAR en el contexto de aislamiento por la pandemia de la COVID-19. Y también puso en valor el trabajo de Argentina en su población general por el hecho particular de haber tomado tempranamente la medida de aislamiento.

En la asamblea, el secretario ejecutivo de la CICAD, Adam Namm, presentó el borrador del Informe Anual de 2019. Además, Sasha Kasanof, director de la Oficina de Narcóticos Internacionales y Asuntos de Aplicación de la Ley de Estados Unidos -país que ejerce la presidencia pro tempore de este organismo-, expuso el proyecto de resolución para el 50° Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA.

La CICAD-OEA es el foro político del hemisferio occidental para tratar el problema de las drogas y tiene como objetivo fortalecer las capacidades humanas e institucionales de sus Estados miembro para reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas; y encarar las consecuencias sanitarias, sociales y penales de esta problemática.