El Plan parte de un diagnóstico exhaustivo que identifica los obstáculos más importantes que atraviesan desde hace varios años estas causas penales judiciales; y brinda un conjunto de propuestas superadoras que deberían adoptar a las distintas autoridades públicas según sus diferentes competencias —incluyendo obviamente al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y al propio Poder Ejecutivo— para acelerar y profundizar el proceso de justicia.

Esta propuesta deberá contar con el acompañamiento de todos los actores fundamentales del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país, y por ello para su elaboración se han tenido en cuenta las observaciones, sugerencias y demandas de organismos de derechos humanos y abogados/as querellantes de estos juicios. Nuestra obligación es asegurar el cumplimiento de los compromisos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. Para ello debemos garantizar la necesaria coordinación entre las diferentes dependencias y órganos estatales, y mantener un espacio de trabajo, participación y escucha permanente con los organismos de derechos humanos, asociaciones de ex detenidos, y comisiones de víctimas, con miras a canalizar sus reclamos y preocupaciones, suministrando las herramientas que el Estado en general, y la Secretaría de Derechos Humanos en particular, tienen a disposición.

Nuestro proceso de Memoria, Verdad y Justicia es un modelo a nivel mundial. Sin embargo, la persistencia de obstáculos que dificultan el avance de las investigaciones y de los juicios —a 37 años de recuperada la democracia y a más de 15 años de la reapertura de las causas tras la nulidad de las leyes e indultos de impunidad—, nos obliga a redoblar los esfuerzos para involucrar a los distintos órganos y niveles del Estado. Una verdadera política de Estado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad requiere el compromiso de todas y todos.

Algunos datos sobre el estado de situación de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad en Argentina
Más allá de que se trata de un proceso en continuo movimiento, y que los datos deben ser actualizados periódicamente, el diagnóstico refleja tendencias definidas que permiten advertir dificultades y desafíos prioritarios.

Se advierten importantes demoras en la etapa de instrucción de las causas, pero también en la etapa de juicio oral —con pocas audiencias semanales—, y en las instancias recursivas. Se favorece así la llamada “impunidad biológica”, por el fallecimiento de los imputados antes de lograr ser condenados; pero también ante el fallecimiento de testigos y familiares de víctimas.

También se registran obstáculos específicos en la investigación de los crímenes de lesa humanidad que involucraron violencia sexual, que se derivan de la apropiación de niños; relacionados a la actividad de inteligencia de las Fuerzas Armadas; pero también aquellos que involucraron la participación de actores civiles o cometidos con motivación económica.

Nos preocupa especialmente la cantidad de imputados que permanecen prófugos, o con procesos de extradición pendientes en otros países. También debemos adoptar medidas más enérgicas para controlar mejor las detenciones domiciliares que se otorgan a muchos de estos imputados.

Muchas de las áreas del Poder Ejecutivo que debían acompañar el proceso de juzgamiento y apoyar las investigaciones (por ejemplo, para relevar archivos y otros documentos), y prestar apoyo y asistencia a las víctimas y testigos de estos juicios, fueron debilitadas durante el gobierno anterior.

Algunas propuestas del Plan Estratégico
1) Robustecer las áreas de investigación del Poder Ejecutivo Nacional encargadas de la producción de pruebas sobre crímenes de lesa humanidad (en la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, pero también en otras áreas del Poder Ejecutivo, como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, etcétera). También fortalecer las áreas de acompañamiento a testigos víctimas.
2) Promover una mayor articulación entre los equipos de investigación que funcionan en el MPF y el PEN en relación a las causas por la apropiación de niños y niñas durante el periodo dictatorial (Unidad Fiscal especializada, CONADI), y con Abuelas de Plaza de Mayo.
3) Colaborar para evitar duplicidades en la producción de pruebas que demoran las investigaciones. Los juzgados suelen solicitar la misma documentación a diferentes áreas del Poder Ejecutivo; y además muchos juzgados requieren producir pruebas que fueron producidas con anterioridad.
4) Coordinar las acciones entre las distintas autoridades competentes (Ministerio de Seguridad, Cancillería, MPF, etcétera) para dar con el paradero de los prófugos y acelerar los procesos de extradición.
5) Reforzar los controles sobre los imputados que se encuentran gozando del beneficio de prisión domiciliaria, y establecer protocolos claros.
6) Adoptar medidas necesarias para que el Consejo de la Magistratura y la Procuración General avancen en los procesos de designación de jueces y fiscales a cargo de estas causas. Muchas veces las demoras en los juicios orales se deben a las vacancias en los tribunales orales.
7) Impulsar, junto a otros actores, nuevas instrucciones generales de la Procuración General y acordadas del Poder Judicial, que establezcan pautas de actuación para estos casos que ayuden a superar los obstáculos.
8) Colaborar activamente para que se puedan programar una mayor cantidad de audiencias en el desarrollo de los debates orales.
9) Colaborar para garantizar una mayor publicidad y difusión de los juicios.

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