Se conmemoran diez años de la sanción de la Ley de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado

La señalización y preservación de los sitios de memoria los hace visible y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos allí cometidos, acompaña el juzgamiento de sus responsables y efectiviza el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.


El 29 de junio de 2011, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26691 de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado. Su objetivo es otorgarle un marco normativo a la señalización de los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar ―u otros lugares emblemáticos del terrorismo de Estado―, su preservación y protección como material probatorio en los juicios por delitos de lesa humanidad, en resguardo del patrimonio histórico y de la memoria de nuestro pueblo. En este sentido, la ley institucionaliza una política pública que la Secretaría de Derechos Humanos había realizado desde 2007 y a algunos proyectos propuestos por la sociedad.

Más tarde, el Decreto 1986/2014 reglamentó la ley y creó la Dirección Nacional de Sitios de Memoria ―actualmente, Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria―. Hasta el momento, se señalizaron 224 centros clandestinos de detención o lugares de inteligencia, de masacres o donde se realizaron enterramientos irregulares durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y durante dictaduras anteriores, entre otros espacios emblemáticos del terrorismo de Estado. Asimismo, se crearon 38 espacios para la memoria que dependen tanto de esta Secretaría como de provincias, municipios u organizaciones de la sociedad civil.

Desde 2007, el Archivo Nacional de la Memoria había organizado la Red Federal de Sitios de Memoria (Refesim) a través de la Resolución N° 14 de la Secretaría. La finalidad de la red era la de articular la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos de las provincias y los municipios de todo el país. Esta área fue la que realizó las primeras señalizaciones e instaló esta modalidad como una política de Estado.

Para la concreción de esta política, se impulsa la participación de los y las sobrevivientes del terrorismo de Estado, de los organismos de derechos humanos y de organizaciones políticas, sindicales, sociales, entre otras; muchas de las iniciativas que se trabajan surgen de la propia sociedad como parte de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y de un pueblo que reivindica estos principios, ante todo.

La señalización y preservación de los sitios de memoria los hace visible y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos allí cometidos, acompaña el juzgamiento de sus responsables y efectiviza el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.