El Gobierno Nacional dio un nuevo paso en su plan de achicamiento del Estado. A través de la resolución 150/25, el Ministerio de Economía completó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda impulsada por el Decreto 70/25.

Esta medida se encuadra dentro de la etapa denominada “Motosierra 2.0”, que consiste en repasar la utilidad de cada área del Estado para discontinuar aquellas que no encuadren en los objetivos que se fijó el Gobierno.

Según explicó el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “la construcción estatal de viviendas es una mala política habitacional”. “La solución no es construir viviendas en lugares disfuncionales con programas que, además de abrir la puerta a la corrupción y al clientelismo político, tienden a dejar a sus habitantes desconectados del mercado laboral”, señaló.

“Para resolver el problema de vivienda, por el contrario, lo importante es tener una macro ordenada y un Estado pequeño que libere recursos para que crezca el crédito privado a la vivienda. Un proceso que ya comenzó a darse en 2024”, concluyó el Ministro.

En ese marco, el Gobierno ya había cerrado el Procrear (Decreto 1018/24) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (Decreto 6/25), y había llevado a su mínima expresión el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), a través de los cuales se desarrollaban la mayoría de las tareas de la Secretaría. Los mismos habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados.
Con la disolución de la Secretaría, también se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional.

La resolución 150/25 deja en situación de disponibilidad a la planta de la Secretaría, lo que implicaría una reducción de personal –incluyendo a los contratados- de 500 personas. A esto se suman los contratos de auditores a través de Universidades, que quedarán discontinuados.

“Computar el ahorro para el contribuyente es fácil. Sin considerar lo de Universidades, a un sueldo promedio de 1 millón de pesos por empleado son 6.500 millones de pesos por año de impuestos que ya no habrá que cobrar”, destacó Sturzenegger.
Y agregó: “La racionalización del gasto público para poder seguir bajando impuestos y devolverle capacidad de gasto al sector privado es un imperativo que nos exige el Presidente”.
Según destacaron desde la cartera que conduce Luis Caputo, el proceso de cierre de la Secretaría será llevado a cabo de manera ordenada y progresiva, asegurando la adecuada transición de responsabilidades a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET).
Como parte de este proceso, también se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de Arquitectura,
a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.