Se aprueban normas aclaratorias y modificatorias para el régimen jubilatorio de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación.

La Secretaría de Seguridad Social establece a través de la Resolución 10/2020 una serie de innovaciones para la ley 27.546, puesta en vigencia el 6 de abril de 2020.


Mediante la Resolución 10/2020, la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, establece normas aclaratorias y modificatorias de la Ley 27.546 referente al Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público.

La ley fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de abril de 2020 y se trata de una modificatoria de las Leyes 24.018 y 22.731. Los aspectos más trascendentales del texto fueron reglamentados en el Decreto 354/2020 publicado el 9 de abril, que también le otorga a la Secretaría de Seguridad Social atribuciones para dictar las normativas complementarias y aclaratorias necesarias para la aplicación de dicha Ley.

En la mencionada Resolución 10/2020 se incorpora el concepto de esencialidad, es decir, que se considera que sólo aquellos funcionarios judiciales que desempeñan funciones esenciales, estrechamente vinculadas al servicio de justicia o tareas involucradas con la resolución de los litigios, serán reconocidos en el ámbito de la ley especial jubilatoria.

Por otro lado, se explicita que para acreditar la antigüedad laboral requerida como años de servicios con aportes, se permiten labores prestadas en la esfera nacional, provincial, municipal, y en servicios reconocidos en las Cajas Profesionales provinciales. En este último caso, el pago de la prestación se hará en función de los servicios prestados en cada régimen. En lo referente al cálculo del haber inicial, la norma alude a los salarios que serán computados, la composición salarial que deberá considerarse y el ajuste de cada salario. Para su cómputo, se consideran las remuneraciones percibidas en los últimos 120 meses anteriores al cese.

La figura del cese en el cargo se ajusta a las nuevas prescripciones de la reciente ley. El mismo debe materializarse durante el ejercicio en el cargo, y se permite que el interesado pueda solicitar un precálculo de servicios antes de la oficialización de la renuncia. La norma aclara que la fecha de la aceptación de la renuncia impone el alta del beneficio y el derecho vigente.

Por último, la norma brinda precisiones sobre los beneficios de pensión y de invalidez y aclara que para aquel magistrado/funcionario que no acredite los años mínimos de servicios requeridos para el acceso a la jubilación especial, la normativa permite la convivencia de dos mecanismos de pago prorrateado de la jubilación: el haber según Ley Nº24.018 y el haber de acuerdo a la Ley Nº24.241.


Descargas

Resolución 10/2020 (0.16 MB)

    Descargar archivo