El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó un protocolo de actuación en materia de mediación penitenciaria, que permite a los profesionales de los organismos públicos competentes prevenir la escalada de violencia y generar instancias de diálogo, reflexión y encuentro en la gestión de conflictos.

El modelo fue diseñado a partir de la experiencia adquirida en el Programa de Mediación, Métodos de Gestión Participativa de Conflictos y Reducción de la Violencia en Ámbitos Penitenciarios implementado por la cartera que conduce Germán Garavano.

La resolución ministerial 81/2019 rescata que la reinserción y la disminución de las prácticas violentas se logran trabajando con la totalidad de la comunidad penitenciaria, que incluye entre otros a los internos y sus familiares, al personal del servicio penitenciario y las autoridades.

La experiencia recogida por los profesionales de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos indica que es necesario un verdadero compromiso del Estado para garantizar los medios que permitan que tanto la persona privada de su libertad, como sus familiares y los demás actores sociales presentes en los establecimientos penitenciarios, puedan buscar una manera constructiva de resolver sus problemas como medio para mejorar el complejo contexto social en el que están inmersos.

De tal modo se procura contribuir en el desarrollo e implementación de la mediación y otras prácticas alternativas de resolución de conflictos en las instituciones encargadas del cumplimiento de las penas.

Para ello se resuelve potenciar los métodos adecuados de resolución de conflictos, dado que son herramientas fundamentales para la reinserción social de las personas privadas de libertad, y facilitan el desarrollo de capacidades para prevenir la escalada del conflicto y el mejoramiento de la convivencia.

Dichos métodos actúan como una herramienta de acceso a la justicia, potenciando prácticas restaurativas en instituciones sumamente complejas.

El objetivo del programa ministerial consiste en abordar al conflicto dentro del ámbito penitenciario, de manera pacífica y a través del diálogo. Para el tratamiento de estos conflictos, resulta ineludible un giro hacia intervenciones que aporten herramientas superadoras del mecanismo sancionatorio como única respuesta al conflicto carcelario.

La experiencia es única en nuestro país y consiste un punto de quiebre en el tratamiento de los conflictos penitenciarios, habilitando el empoderamiento de las partes para el abordaje participativo de las conflictivas en la comunidad penitenciaria.