El Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, visitó la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se reunió con el Presidente del Consejo Directivo, Gustavo Diez, la Vicepresidente Primera, Patricia Lange, y la Vicepresidente Segunda, Miriam Roldán. En esta ocasión, se analizaron diversos aspectos de la relación institucional entre el Consejo y la IGJ.

Entre las cuestiones abordadas, se destacó la coincidencia de criterio entre las autoridades de ambas instituciones respecto de la conveniencia de prorrogar, hasta el 30 de junio de 2026, la fecha de vencimiento de la moratoria establecida mediante la Resolución General IGJ 4/2025, atento al interés demostrado por los administrados. El Inspector General asumió el compromiso de dictar y difundir la resolución de prórroga en el curso de las próximas semanas.

Cabe recordar que, a través de dicha resolución, IGJ dispuso que las Sociedades por Acciones, las de Responsabilidad Limitada cuyo capital alcance el importe determinado en el inciso 2 del artículo 299 de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984), las entidades constituidas en el extranjero inscriptas en los términos del artículo 118 tercer párrafo, de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984), y las Asociaciones Civiles y Fundaciones que adeuden presentaciones de estados contables, o la documentación contable conforme la Resolución Conjunta N° 5289/2022 (IGJ-AFIP), en su caso, y la comunicación de las asambleas respectivas, correspondientes a los últimos 10 ejercicios anuales cerrados hasta el 31 de agosto de 2024, podrán regularizar tal situación, presentando la mencionada documentación, con el pago de un único formulario de “Presentación fuera de termino de estados contables” según el tipo de entidad que corresponda, y sin perjuicio de la documentación relativa a ejercicios anteriores que voluntariamente quisieran presentar.

Asimismo, ambas instituciones manifestaron su intención y compromiso de afianzar y ampliar los vínculos existentes, así como extender los ámbitos de colaboración e interacción para procurar simplificar los trámites, unificar criterios, y dar servicios más seguros y eficientes a los administrados.