El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, decretó la conformación de un “Protocolo de actuación para la prevención y atención frente a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral” y envió a la Legislatura provincial un proyecto para que Santa Fe adhiera a la Ley 27499, conocida como Ley Micaela, que tiene como objetivo capacitar y sensibilizar en la materia a quienes integran los diferentes estamentos del Estado.

“El Estado debe ofrecer a los funcionarios y agentes públicos herramientas ágiles y eficaces para afrontar situaciones de violencia acaecidas dentro del ámbito laboral y lograr el cese inmediato de tales sucesos, profundizando a su vez la prevención, difusión y capacitación en todo lo atinente a esta problemática”, señala el decreto 008/2019 que es el que instituye el protocolo. La norma será de aplicación para los agentes públicos, el personal y las autoridades superiores de las entidades autárquicas, personal docente, policial y penitenciario, y autoridades superiores y personal de gabinete.

En uno de sus pasajes el texto del decreto enuncia que “el protocolo se traducirá en una herramienta para promover un ámbito de trabajo libre de violencia, acoso sexual y discriminación basada en el género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género y fomentando la protección integral de los derechos humanos, la prevención y la sensibilización en materia de igualdad y equidad de género”.

El protocolo de acción establece que la persona afectada por una situación de violencia de género recibirá asesoramiento legal y asistencia integral en forma gratuita en todo el territorio provincial y designa a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como la jurisdicción encargada de la recepción y trámite de las denuncias, peticiones, presentaciones o consultas vinculadas con situaciones de violencia de género contra funcionarios o empleados públicos provinciales.

El COFEMOD dedica particular atención al cumplimiento del derecho a la igualdad de oportunidades y trato entre las mujeres y los varones que desarrollan su actividad laboral en el ámbito de la administración pública y para ello creó en el mes de agosto de 2018 la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Prácticas Responsables que, entre otras acciones, promueve la igualdad de género en el empleo público mediante la erradicación de la violencia en el ámbito laboral, la conciliación de la vida laboral y familiar y el empoderamiento de las mujeres en el trabajo.

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