El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se reunió con el ministro de Seguridad de San Luis, Luciano Anastasi, para analizar la situación penitenciaria de San Luis, regularizar pagos adeudados por Nación en concepto alojamiento de presos federales en cárceles provinciales y repasar la implementación de dos políticas públicas nacionales fundamentales para la gestión penitenciaria y la prevención de femicidios: el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y el Sistema de Dispositivos Duales de Supervisión, Monitoreo y Rastreo de Agresores y Víctimas de Violencias de Género.

“Desde el Gobierno Nacional trabajamos para pagar todas las deudas que dejó pendiente el Gobierno anterior con las provincias argentinas en materia penitenciaria. Durante el último mes terminamos de saldar lo pendiente del período 2016-2019 con Entre Ríos y Tierra del Fuego, con este pago de casi veinte millones de pesos estamos regularizando lo que aún se le debía a San Luis de la gestión macrista. Sumando este último desembolso, desde el inicio de esta gestión destinamos más de treinta millones de pesos a e San Luis como contraprestación por el alojamiento de presos federales en sus establecimientos penitenciarios” afirmó Soria.

La Resolución firmada por el titular de la cartera de Justicia nacional efectiviza el pago al Gobierno puntano por $19.611.312, saldando la deuda pendiente por los períodos octubre-diciembre 2018 y abril-diciembre 2019, y pagando el período enero-septiembre 2020. De esta manera, desde los primeros meses de 2020 el Ministerio de Justicia de la Nación canceló pagos en concepto de alojamiento de presos federales en complejos penitenciarios de la provincia correspondientes al período octubre 2017-marzo 2021, por un total de $33.988.250.

Debido a que el Servicio Penitenciario Federal no cuenta con establecimientos propios en San Luis, a principios de octubre el servicio penitenciario provincial alojaba a ochenta y dos internos de la órbita federal entre hombres y mujeres con causas en distintos estadios procesales.

Esta Resolución complementa las políticas públicas del Ministerio de Justicia de la Nación para el fortalecimiento del sistema penitenciario de San Luis que comenzaron a implementarse a partir de la firma de Soria, Anastasi y la flamante ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Ayelen Mazzina, de dos convenios específicos en diciembre de 2021. Dichos convenios permitieron que la provincia se incorpore al “Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica” –a través del cual el Ministerio de Justicia pone a disposición de los gobiernos provinciales “tobilleras electrónicas”- y al llamado “Sistema de Dispositivos Duales” –desde el cual se otorgan “pulseras duales” para casos de violencia de género.

Desde principios de 2022, la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Mariel Viladrich, llevó adelante capacitaciones para la implementación del sistema de tobilleras electrónicas. Llevándose a cabo en Marzo de 2022 capacitaciones con a las que asistieron autoridades de gobierno provincial, miembros del poder judicial y el ministerio de seguridad.

En esta línea, en junio de 2022, el Ministerio de Seguridad de San Luis inauguró el “Centro de Monitoreo del Sistema Inteligente de Seguridad Provincial” (SISPRO) desde el cual se lleva adelante la supervisión y monitoreo de los internos provinciales que cuentan con tobilleras otorgadas a través del programa del Ministerio de Justicia de la Nación. El nuevo centro está equipado con un sistema de video-wall y veinte puestos de monitoreo de cámaras, una oficina de coordinación provincial y un área de recepción.