Dicha normativa dispuso que las jurisdicciones y entidades del sector público que tengan a su cargo la ejecución de programas sociales deben requerir a la Inspección General de Justicia (IGJ), al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), o al Registro Público provincial u organismo local competente, según corresponda, la información sobre la constitución y el funcionamiento de organizaciones de la comunidad constituidas como asociaciones civiles, fundaciones, asociaciones mutuales o cooperativas.

De este modo, la aplicación de la norma impulsada por la Sindicatura General de la Nación, es fundamental para simplificar y acelerar gestiones ante reparticiones estatales por parte de las organizaciones sociales de la economía popular, que así acceden a mecanismos más rápidos en materia de otorgamiento de beneficios y rendición de cuentas.

Asimismo, esta norma brinda la posibilidad de que las organizaciones puedan obtener precios testigos para las compras y contrataciones que realicen, información que brindará la SIGEN.

En la apertura del encuentro se dirigió a los presentes Carlos Montero. Luego hablaron el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando Navarro; el director de Entidades Civiles de la IGJ, Guillermo Echeverría; el coordinador general de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular (RITEP), Santiago Olivera; y el director mundial de Scholas Occurrentes, Enrique Palmeyro. Finalmente, el jefe de gabinete Agustín Rossi cerró el encuentro.

Además participaron de la actividad los síndicos adjuntos de la Nación, Irma Miranda y Maximo Borzi; el titular de la Secretaría Operativa de SIGEN, Oscar Figueroa; el jefe de gabinete del INAES, Jonatan Thea; el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro; el jefe de Asesores de la Jefatura de Gabinete, Facundo Olivera, entre otros funcionarios y representantes de organizaciones.