A partir del impulso realizado por la Secretaría de Derechos Humanos en la causa por la extradición del ex capellán militar Franco Reverberi Boschi, el Estado argentino logró una importante modificación en la jurisprudencia de la justicia italiana que impactará en otros casos similares. La justicia de ese país modificó el criterio que mantenía hasta el momento en estos casos para considerar que las torturas fueron crímenes de lesa humanidad, que no han prescripto y, por lo tanto, son extraditables.

Reverberi Boschi fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael y es investigado por hechos cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Departamental”, que funcionó en la sede de los tribunales locales. Huyó del país en 2011, cuando se realizó en Mendoza el primer juicio por delitos de lesa humanidad y los testimonios de sobrevivientes y familiares comenzaron a señalar su responsabilidad.

Su extradición se logró luego de un largo proceso judicial que comenzó en 2013. En los últimos años, el Estado argentino comenzó a darle un nuevo impulso y se presentó como parte interesada del proceso.

En marzo de 2022 el Tribunal de Apelaciones de Bolonia rechazó el pedido argentino por lo que el representante del Estado recurrió a la Corte Suprema de Casación italiana, que el 30 de junio del año pasado ordenó emitir un nuevo fallo que tuviera en cuenta pruebas que no habían sido analizadas. En esa misma resolución, la Corte Suprema de Casación modificó su jurisprudencia, que sólo consideraba imprescriptibles los delitos de homicidio, para incluir también las torturas como crímenes de lesa humanidad.

La decisión de la Corte Suprema de Casación reabrió el proceso y el pasado 10 de julio, el Tribunal de Bolonia finalmente hizo lugar al reclamo argentino. El cambio de jurisprudencia permitió que el ex capellán del Ejército sea extraditado por un homicidio y también por los tormentos sufridos por 10 víctimas en el CCD “La Departamental”.

Esto tendrá además un impacto muy importante en otros casos similares, como el del exmilitar Carlos Malatto, quien reside en Italia y es requerido por la Justicia argentina por crímenes de lesa humanidad contra más de 100 personas en San Juan.

Para conceder el reclamo de juzgar a Raverberi Boschi en Argentina, la justicia italiana también tuvo en cuenta los informes enviados por la Secretaría de Derechos Humanos sobre las unidades penales de Ezeiza y de Campo de Mayo, en los que se acreditó que tienen las condiciones adecuadas para alojar a personas de edad avanzada y con problemas de salud.