En ocasión de la reunión, los miembros de la Comisión presentaron inquietudes relativas a la obligación impuesta por el Código Civil y Comercial de la Nación a los Consorcios de Propiedad Horizontal, considerados personas jurídicas privadas, de llevar contabilidad. En lo particular, lo requerido por el art. 326 de ese cuerpo legal, el cual impone que estos sujetos de derecho al cierre del ejercicio deben confeccionar sus estados contables, que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deben asentarse en el registro de inventarios y balances.

Participaron de la reunión con el Inspector General, el Presidente de la Comisión, Jorge Luis Scampini, la Vicepresidenta, Viviana Paula Julis, y el miembro de dicha comisión, Jaime Korenblum.

En el curso del encuentro se señalaron y advirtieron las posibilidades de llevar a cabo el cumplimiento de esas exigencias, se evaluó el rol que cabe respecto de dichas exigencias a los profesionales en Ciencias Económicas, y las situaciones particulares que pueden presentarse en consorcios de poca envergadura.

Los asistentes acordaron mantenerse en contacto para seguir analizando estas situaciones, consultando también a las organizaciones representativas del régimen de propiedad horizontal.

Debe recordarse que, en cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 320 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, la Resolución General IGJ nº 15/2024 dispuso que los Consorcios de Propiedad Horizontal con domicilio en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, pueden solicitar voluntariamente su inscripción en el Registro Público al solo efecto de la habilitación de sus registros o la rúbrica de libros.