Reunión de trabajo con el diputado nacional por Córdoba Eduardo Fernández
El ministro de Justicia y Derechos Humanos recibió a Eduardo Fernández, diputado nacional por córdoba, y analizó las iniciativas parlamentarias del diputado que buscan complementar y actualizar la legislación argentina en materia de negacionismo y apologías respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad.
Durante el encuentro, Fernández presentó al ministro los puntos principales del proyecto 822-D-2021 que tramita desde el año pasado en la Cámara de Diputados. Dicha iniciativa, acompañada por las diputadas Carolina Yutrovic, Mabel Caparros, Alcira Figueroa y el diputado Pablo Carro, busca incorporar a la legislación nacional un régimen sancionatorio del negacionismo respecto al terrorismo de Estado, genocidio y delitos de lesa humanidad, actualizando.
El proyecto 822-D-2021, “Ley de sanción penal al negacionismo y/o apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad”, tiene por objeto sancionar “toda conducta de negación, apología y/o reivindicación” respecto a crímenes de lesa humanidad, previstos por los artículos 6 y 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y otros tratados internacionales con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere.
“La tarea de quienes cumplimos funciones públicas de gestión, legislación y justicia debe ser enfática y ejemplarmente defensora de la institucionalidad, de la democracia y de los derechos humanos”, enfatizo el Diputado. “Iniciativas como estas respaldan y profundizan la normativa en materia de derechos humanos que nuestro país construye sostenidamente desde hace décadas”, agregó.
La iniciativa del legislador cordobés del Frente de Todos incorpora un capítulo al Código Penal en el que se incluyen multas económicas y prisión de 3 meses a 2 años a personas que nieguen, apologicen o reivindiquen la comisión de delitos de crímenes de lesa humanidad y genocidios.
A su vez, el proyecto agrava la sanción en los casos en que el negacionismo provenga de funcionarios públicos. En estos casos la sanción consistirá en la “obligatoria destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de 10 años” y en la necesidad de realizar cursos de capacitación en materia de derechos humanos para poder ser designado nuevamente.
Por último, Fernández hizo entrega al ministro Soria de una solicitud de audiencia formal de Soledad Cuello para tratar el reclamo por la aparición con vida de su hermana, Yamila Elizabeth Cuello, quien se encuentra desaparecida desde el 25 de octubre de 2009, que el Juzgado N°1 de la Justicia Federal de Córodba investiga como posible trata de personas.
