La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó a comienzos de noviembre la elevación a juicio de la causa “Acindar”, que investiga la represión ilegal en la localidad de Villa Constitución (Santa Fe) desatada a partir del 20 de marzo de 1975 sobre un amplio arco de trabajadores y trabajadoras, militantes políticos y sindicalistas y que continuó luego durante la dictadura cívico-militar.

Entre los imputados se encuentran los ex funcionarios empresariales de la siderúrgica, Roberto Pellegrini y Oscar Torralvo, quienes están acusados junto a ex miembros del Ejército, de la Policía Federal y provincial y de Prefectura Naval por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios.

Los 29 imputados fueron procesados por el Juzgado Federal 4 de Rosario en marzo de 2020; sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó en parte el procesamiento sobre Pellegrini y el ex militar Antonio Federico Bossié, y dictó la falta de mérito para otro ex militar Bernardo Luis Landa y para Torralvo. La fiscalía y las querellas, entre las que está la Secretaría de Derechos Humanos, recurrieron a la Cámara Federal de Casación Penal, que admitió los recursos y desde fines de octubre analiza el expediente.

Al menos 18 personas vinculadas al caso de la siderúrgica Acindar fueron asesinadas, 8 permanecen desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas, según relevó la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO.

Durante la investigación judicial, con el aporte imprescindible de las y los sobrevivientes, se logró probar el rol central que tuvo la empresa en esos crímenes: confeccionó listas de personas a detener, permitió el ingreso de los grupos de tareas a la fábrica para realizar secuestros y aportó información para identificar y ubicar a las víctimas en sus domicilios. También dispuso espacios físicos de la planta para el funcionamiento de un centro clandestino de detención, en el denominado Albergue de Solteros, cedió vehículos, vivienda y abonó un sobresueldo a las fuerzas represivas.

La siderúrgica estuvo presidida por José Alfredo Martínez de Hoz hasta 1976, cuando fue designado ministro de Economía por la dictadura y su lugar en el directorio fue ocupado por el general Alcides López Aufranc.

Pellegrini, ex jefe de relaciones laborales de la siderúrgica, y Torralvo fueron empleados jerárquicos al momento de los hechos y son los dos únicos responsables empresariales que fueron procesados en la causa. Son muchos los testimonios que los mencionan como los nexos directos entre la empresa y las fuerzas represivas. Otros posibles imputados civiles fallecieron antes de que el proceso judicial avance respecto a su responsabilidad o fueron apartados por problemas de salud, una evidencia de la resistencia del Poder Judicial a investigar estos casos.

El resto de los acusados son ex militares del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, sede del Área Militar 132; ex miembros de la Policía Federal de la Delegación Rosario y de la Dirección General del Interior; ex integrantes de la Prefectura Naval de Rosario y de Villa Constitución y ex policías de la Provincia de Santa Fe y de la Guardia Rural Los Pumas.

La Secretaría de Derechos Humanos promueve el impulso enérgico y sin demoras de estas causas, en particular en las que se investiga la responsabilidad de actores civiles y empresariales, una de las prioridades de su Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad.