Resolución General Conjunta entre la IGJ y la AFIP para reglamentar la categorización de asociaciones civiles
Una nueva resolución que impacta positivamente en la confección y presentación de estados contables para las asociaciones civiles que tengan por objeto la atención de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
El inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, junto con el administrador federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, firmaron la Resolución General Conjunta N° 5289/2022, con el objetivo de simplificar y reducir costos de confección y presentación de los estados contables de las asociaciones civiles cuyos ingresos totales anuales no superen la suma equivalente a la categoría H del Monotributo (Régimen Simplificado).
Las asociaciones civiles comprendidas, a partir de la vigencia de la resolución, no estarán obligadas a confeccionar balances. En su lugar, presentarán un informe o estado de situación de recursos y gastos -firmado por su representante legal- de conformidad con el modelo provisto, previamente aprobado por la asamblea de asociados.
Esta modificación se produce en el marco de la Resolución General 14/2022 de la Inspección General de Justicia por medio de la cual se estableció una segmentación de asociaciones civiles de acuerdo con la capacidad económica de las mismas. La segmentación brinda un tratamiento diferenciado al universo de asociaciones civiles a partir de la simplificación de trámites y reducción de costos y honorarios profesionales respecto de aquellas que cuentan con menores recursos. Con ello se propicia, por un lado, el cumplimiento del objeto social de bien común para el cual fueron constituidas y, por otro, se tiende a elevar el cumplimiento de las obligaciones registrales y tributarias de este tipo de personas jurídicas.
Durante la gestión a cargo del doctor Ricardo Nissen, las reformas en materia de entidades civiles responden a la coyuntura actual y se adaptan a las necesidades sociales, generando mayor contención e inclusión de aquellas asociaciones civiles cuyos objetos sociales merecen una tutela prioritaria