La Superintendencia de Servicios de Salud prorrogó por 90 días la exigencia a las Entidades de Medicina Prepaga y a los Agentes del Seguro de Salud a adecuar sus contratos, facturas y estados de cuenta, de acuerdo con lo establecido por la Resolución 1725/2025 publicada en septiembre.

A través de la Resolución 1941/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, se oficializó esta prórroga que se contará a partir del vencimiento del plazo originalmente fijado. Y que fue aprobada a fin de garantizar la correcta implementación del nuevo esquema de cuota transparente y la adecuada adaptación de los instrumentos contractuales.

Esta medida fue tomada luego de advertir que la implementación requiere del desarrollo y adecuación de sistemas informáticos por parte de las entidades alcanzadas y busca facilitar la ejecución efectiva de la normativa, garantizar los derechos de los beneficiarios y asegurar la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud.

La Resolución 1725/2025 aprobó las Cláusulas Mínimas que deberán contener los contratos de planes de cobertura y un modelo obligatorio de factura y Estado de Cuenta que deberán utilizar las Entidades de Medicina Prepaga y los Agentes del Seguro de Salud.

A través del artículo 11 del Anexo, la norma establece que cada mes el afiliado deberá recibir una factura acompañada de un Estado de Cuenta estandarizado y transparente, que detalle de manera clara y en lenguaje sencillo, como mínimo:

a) Costo base del plan contratado.
b) Costos adicionales por coberturas específicas.
c) Ajustes por edad o factores de riesgo.
d) Aportes, contribuciones, cotizaciones y/o cápitas efectivamente percibidos.
e) Impuestos y tasas aplicables.
f) Subsidios percibidos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
g) Saldo inicial y final a favor del afiliado, en caso de existir.

La Superintendencia de Servicios de Salud, bajo los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, continúa trabajando en el reordenamiento del sistema sanitario con el objetivo de fortalecer la libre competencia entre los distintos actores, promover la libertad de elegir de los beneficiarios, garantizar transparencia y asegurar que todos los afiliados reciban prestaciones de calidad.