El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Defensoría del Público elaboraron una serie de recomendaciones para llevar adelante una cobertura mediática responsable de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como del acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una de las violaciones de derechos humanos más graves e invisibilizadas. Generalmente, los abusadores suelen ser parte del entorno familiar y social próximo de la víctima. Una de las consecuencias es el embarazo forzado. En estos casos, la interrupción de ese embarazo es legal y es, en ese sentido, obligación del Estado garantizar su acceso en condiciones seguras a quien lo solicite: sin necesidad de denuncia policial y/o autorización judicial.

En este contexto, para las dos instituciones es clave poner el foco en la concientización, la prevención y la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En base a la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa nacional de protección integral (Ley 26.061), se pusieron en común una serie de puntos que ahora son compartidos para quienes trabajan en los medios de comunicación.