El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, reabrieron hoy el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) que funciona en el sector Güemes del Barrio Padre Carlos Mugica. "A 47 años del asesinato del Padre Mugica, vinimos a este barrio popular que fue el lugar desde donde el sacerdote sembró la fe, la solidaridad y la justicia social, para hacer un acto de reivindicación", dijo Soria.

Del acto también participaron la titular de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti; el senador Mariano Recalde y las legisladoras porteñas Paula Penacca, Lucía Cámpora y Maru Bielli.

El CAJ fue bautizado “Gladys Argañaraz”, en homenaje a una histórica vecina de la Villa 31, que comandaba un comedor y murió el año pasado de coronavirus. Gladys era madre de ocho hijos. Su figura fue importante para muchos niños y niñas del barrio, que acudían al comedor que abrió en su casa y sostuvo durante treinta años.

Soria destacó ante los legisladores, militantes barriales y vecinos y vecinas: “Es importante un nuevo CAJ por la población que tiene la villa 31, por las necesidades de los vecinos y vecinas de este barrio, quienes pueden hacer desde el DNI a sus chiquitos, un asesoramiento legal gratuito o un sinfín de trámites”.

Carpineti señaló que en el Barrio Padre Carlos Mugica funcionan desde hoy dos CAJ que “están trabajando alternadamente de manera presencial”. “Le restituimos a esta parte del barrio el Centro de Acceso a la Justicia. Los reabrimos acá porque es muy importante que el Estado nacional tenga presencia en las villas de la ciudad, que recupere la presencia que perdió durante la gestión anterior”.

El senador Recalde también participó de la apertura y recordó la fecha: “La fecha es doblemente simbólica porque este CAJ fue inaugurado por Cristina Fernández de Kirchner hace exactamente 11 años, en 2010. Es una fecha muy sensible para todos los argentinos y las argentinas y para los habitantes de la Villa 31”.

Los CAJ brindan servicios de atención legal primaria gratuita y hay 92 oficinas distribuidas en todo el país. Allí, equipos interdisciplinarios de profesionales asisten a los consultantes en temas de seguridad social, familia, trabajo, documentación, entre otros. Más de 145 mil personas fueron asesoradas en el acceso efectivo a sus derechos desde que comenzó la pandemia.