El Gobierno nacional presentará ante el Congreso de la Nación un proyecto para modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos que prevé la bancarización del régimen de aportes. El mismo fue elaborado a partir del diagnóstico de especialistas, integrantes del Poder Judicial y representantes de entidades partidarias.

“En marzo el Presidente anunció que íbamos a mandar el proyecto de financiamiento de los partidos políticos. Es un proyecto en el que venimos trabajando hace más de un año”, afirmó el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Adrián Pérez; al tiempo que destacó que para la elaboración de la propuesta se trabajó “junto a los partidos políticos, la sociedad civil, legisladores y jueces”.

“Estos son los puntos que tienen mayor nivel de consenso, creo que este proyecto va a establecer mejores mecanismos de control y de transparencia”, afirmó Pérez en declaraciones realizadas esta tarde a periodistas acreditados en Casa de Gobierno.

El funcionario además ponderó que “la bancarización absoluta de los aportes va en línea con lo que están haciendo muchos países del mundo, a los efectos de mejorar el control en el financiamiento de los partidos políticos”.

“Creemos que lo mejor es que este todo bancarizado, que la gente pueda conocer quiénes son los aportantes y que se habilite a las personas físicas y jurídicas a aportar con un tope. Esto va a ayudar mucho a que las campañas políticas sean mucho más transparentes y más controladas”, concluyó.

Puntos centrales de la propuesta de reforma del régimen de financiamiento político

• Se elimina la posibilidad de hacer donaciones en efectivo. Los aportes sólo podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito.

• El proyecto habilita el aporte de personas jurídicas, estableciendo un tope del 2 por ciento sobre el total de los gastos permitidos para un partido.

• Se propone que aquellas empresas que provean publicidad en vía pública se inscriban en un registro específico que administrará y controlará la Cámara Nacional Electoral.

• Se establece la obligatoriedad para que organismos públicos (como UIF, PROCELAC, AFIP, ANSES, IGJ, Of. Anticorrupción, entre otros) compartan la información con la Justicia Electoral, a los fines de combatir los aportes de dinero proveniente de actividades ilícitas, o simplemente para controlar mejor los aportes y gastos.

• Las agrupaciones políticas que se presentan a elecciones deben designar dos responsables económico financieros. El proyecto incorpora la obligación de que uno sea un contador público matriculado, mientras que el otro debe ser autoridad partidaria.

• Se extiende el plazo de prohibición actualmente vigente para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de 15 a 30 días.

• Se promueven sanciones para el clientelismo político y el uso de recursos públicos con fines partidarios

• Los aportes extraordinarios previstos por la ley de financiamiento para cubrir gastos no electorales sólo serán accesibles para los partidos que no estén cumpliendo sanciones vinculadas al régimen de financiamiento.

• Se habilita la posibilidad de adhesión de las provincias al régimen de financiamiento nacional

• Se aumenta la composición del cuerpo de auditores contadores de la Cámara Electoral, creando 17 cargos nuevos, con el fin de mejorar sustantivamente el control del financiamiento.