En el marco de una investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri, y en la que colaboró la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) - el responsable del Juzgado Federal N°1 de dicha jurisdicción, Santiago Inchausti, procesó sin prisión preventiva al presidente, la vicepresidenta y dos encargados de recursos humanos de una firma dedicada a la producción de frutos rojos por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. En la resolución se tuvo por acreditado que se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de al menos 150 personas que trabajaban en distintos predios hortícolas durante jornadas de hasta 16 horas percibiendo salarios inferiores a los estipulados por las normas laborales vigentes, entre otras circunstancias.

La investigación se inició ante la Fiscalía Federal N°1 a raíz de una publicación del diario La Capital de Mar del Plata de abril de 2016, en la que citaba los dichos que una docente había registrado en su blog personal sobre la situación de explotación y trabajo infantil que sufriría una alumna en la zona de Sierras de los Padres, más precisamente en el cultivo “El Frutillar”.

En virtud de ello, se realizaron diversas medidas de investigación que permitieron acreditar que 150 trabajadores de los predios hortícolas de la firma, ubicados en Sierra de los Padres, Tandil y la localidad correntina de Bella Vista, vivían en campamentos aledaños. Además, se trataba de personas en su mayoría oriundas del norte argentino o del Estado Plurinacional de Bolivia, en algunos casos, con situación migratoria irregular.

Oportunamente, sobre las pruebas y testimonios recolectados, la fiscalía solicitó la indagatoria de los directivos de la firma, los responsables de recursos humanos y tres capataces, y les imputó haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, quienes tenían hijos y familia a cargo y una gran necesidad económica y falta de instrucción, para someterlos a extensas jornadas laborales -de entre 15 y 16 horas sin descansos semanales-, falta de registración de algunos trabajadores, percepción de remuneraciones inferiores a las estipuladas por las normas vigentes, imposición de multas y/o sanciones, descuentos de la jornada laboral -incluso en casos de enfermedad- y sujeción de la voluntad de los trabajadores a los designios de la empresa, ya sea por la dependencia en cuanto a su retorno al lugar de origen por dependencia económica y/o por dependencia habitacional.

Al analizar la cuestión, el juez federal Santiago Inchausti -interinamente a cargo del Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata- consideró probada la hipótesis fiscal de trata de personas con fines de explotación laboral. En tal sentido, sostuvo que para demostrar la existencia del delito imputado se evaluó “la situación de abuso salarial que había en los predios que manejaban los imputados”, para lo cual se siguieron las pautas de trabajo elaboradas por la PROTEX junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En virtud de todo ello, el juez dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del presidente y la vicepresidenta de la firma, como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en al menos en 150 casos. Igual temperamento adoptó respecto de los dos jefes de recursos humanos, pero en calidad de participes secundarios, en relación a los tres imputados que se desempeñaban como capataces dispuso la falta de mérito para procesarlos o sobreseerlos.