En diciembre de 2018 la Asamblea General aprobó la Resolución 73/191 titulada "Sesión especial de la Asamblea General contra la Corrupción (UNGASS 2021)", en la que se convocó por primera vez a una sesión especial sobre los desafíos y medidas para prevenir y combatir la corrupción y fortalecer la cooperación internacional.

En la misma resolución, la Asamblea decidió que, en ese período extraordinario de sesiones, adoptaría una declaración política concisa y orientada a la acción, acordada por consenso de antemano mediante negociaciones intergubernamentales bajo los auspicios de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (COSP).

A través de la la resolución de la Asamblea General 74/276, titulada “Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General contra la corrupción” se aprobaron los arreglos de organización del período extraordinario de sesiones a cargo de la COSP. Además, la Asamblea General reiteró la importancia de un proceso preparatorio inclusivo, que comprendiera consultas sustantivas amplias, e invitó a la COSP a celebrar un máximo de tres reuniones entre los períodos de sesiones, que fueron realizadas entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 para avanzar en esas consultas y en los preparativos. La Asamblea alentó a los órganos, entidades y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones internacionales y regionales competentes, a la sociedad civil, al mundo académico y otros interesados pertinentes a contribuir plenamente en el proceso preparatorio y solicitó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que recopilase esas contribuciones con el fin de ponerlas a disposición de la Conferencia.

Con el fin de arribar a la declaración política mencionada, los representantes permanentes del Perú y los Emiratos Árabes Unidos ante las Naciones Unidas (Viena), asumieron el rol de cofacilitadores del diálogo y la búsqueda de consenso. Fueron los encargados de transmitir a los Estados Miembro un borrador preliminar de la declaración política, y recopilar todas las contribuciones recibidas. Posteriormente, se celebraron múltiples rondas de consultas que resultaron en el documento aprobado por la COSP en su período extraordinario de sesiones celebrado el 7 de mayo de 2021. La Declaración Política adoptada por la Asamblea General fue resultado del trabajo desarrollado a lo largo del último año.

A razón de la pandemia sólo participaron de la Sesión Especial en forma presencial las delegaciones y misiones permanentes de cada país, quienes a su vez podían presentar una declaración pregrabada de su Jefe de Estado o de Gobierno, jefe de delegación u otro dignatario, a reproducirse en el Salón de la Asamblea General durante el período extraordinario de sesiones.

La República Argentina expuso en la Sesión Especial a través de una declaración a cargo del titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Dr. Félix Crous. En ella reafirmó el compromiso internacional en la lucha contra el flagelo de la corrupción, remarcando la importancia de la articulación de las medidas preventivas en un marco de abordaje sistémico a este problema estructural.

Asimismo, hizo referencia a la necesidad de reforzar los mecanismos de control existentes y adaptarlos a las necesidades actuales, especialmente en el contexto de pandemia, con el fin de responder de manera ágil y efectiva a las urgencias de la población y fortalecer la relación de confianza con la ciudadanía en el manejo de la crisis. Destacó los avances logrados por el país en el desarrollo de políticas y prácticas destinadas a la lucha contra la corrupción y, entre ellos, la jerarquización de la Oficina Anticorrupción como agencia técnica especializada en la materia.

Por último, remarcó la importancia de la cooperación internacional en el combate de la corrupción, especialmente en la recuperación y repatriación de los activos productos de estos delitos, que resultan de relevancia económica e impactan en las arcas del Estado y reforzó el compromiso de la República Argentina con la promoción e implementación de los instrumentos internacionales en la materia de los cuales es Parte.

La Oficina Anticorrupción promueve la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), aprobada por Ley N° 26.097 en 2006 y participa activamente en sus grupos de trabajo, actuando como el punto focal del Estado Argentino para el seguimiento de la implementación de la CNUCC, elaborando los Informes País respecto de la implementación según los Ciclos de Evaluación, a partir del trabajo coordinado con todos los organismos y agencias gubernamentales, de todos los poderes. Asimismo, la OA representa a la República Argentina ante la ONU en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

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