Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Fernando Sánchez, Secretario de Fortalecimiento Institucional, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. “Las recomendaciones de OCDE están dirigidas a todos los poderes y niveles del Estado. Para que estas políticas no tengan retroceso, todos los actores deben involucrarse y cumplir con sus deberes”, dijo.

Luego, Marcos Bonturi -Director de Gobernanza Pública de la OCDE- sostuvo que “la gran cuenta pendiente de Argentina, como en muchos países de la región, se relaciona con la necesidad de trascender las regulaciones descritas en papel y lograr un cambio real en las conductas, promoviendo incentivos a la integridad de manera efectiva”.

A continuación, el Jefe Adjunto de la División de Integridad Pública de la OCDE, Julio Baccio Terracino, explicó los principales hallazgos y recomendaciones del Estudio de Integridad. Destacó la necesidad de “concientizar a los ciudadanos sobre la integridad y su responsabilidad compartida”. Además, resaltó quese debe proporcionar incentivos y orientación al sector privado y dedicarle atención a los programas de educación en la materia.

Las conclusiones finales estuvieron a cargo de Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA). “Ojalá este estudio le hubiera llegado a la Argentina hace 15 años. Las cosas habrían sido muy distintas. Porque los que estamos acá tuvimos que hacernos cargo de un Estado sin capacidad. Un Estado con corrupción, opacidad, sin meritocracia”, dijo.

En marzo 2017, la Argentina adhirió a la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública, reforzando las prioridades establecidas por el gobierno argentino en diciembre de 2015 en cuanto al fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción y promoción de la integridad pública. Con el propósito de contribuir a la consolidación de un diagnóstico certero y un análisis de áreas de riesgo en el sector público, la OCDE realizó el “Estudio de Integridad Pública de la Argentina. Lograr un cambio sistémico y sostenido” el cual sirve de insumo para el diseño de estrategias generales y políticas públicas eficientes.

Este estudio fue elaborado por expertos de OCDE, con información relevada entre diversos organismos públicos como la SIGEN, la Secretaria de Gobierno de Modernización, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Interior, Obras Públicas y vivienda, la Procuración del Tesoro de la Nación, el Ministerio Público de la Nación y la Auditoria General de la Nación (AGN). También se realizaron consultas a organizaciones no gubernamentales y sector privado. La Oficina Anticorrupción de la Nación fue la responsable de coordinar las distintas fases de este trabajo, facilitando el proceso de relevamiento de información y construcción del estudio, involucrando a diferentes instituciones claves.

El Estudio cuenta con ocho capítulos, construidos sobre la base de los tres pilares de la Recomendación sobre Integridad Pública de la OCDE y es el más extendido de los realizados hasta ahora por ese organismo.

Se analizan:
• La legislación y de las prácticas de integridad en el sector público
• El desarrollo de las capacidades de los empleados públicos responsables de promover la integridad y el control.
• El desarrollo de un plan de acción para las reformas propuestas en el Estudio

En su análisis, la OCDE puso el foco en las políticas estatales vigentes destinadas a garantizar los niveles de ética pública y combatir la corrupción. El estudio presenta propuestas de acción concretas; ofrece algunas ideas sobre cómo operacionalizar un enfoque de administración de riesgos de corrupción y mejorar la función de auditoría interna en el Gobierno. Finalmente, en el documento se evalúa el proceso de toma de decisiones y se brindan opciones para incrementar su transparencia e integridad, lograr políticas sujetas a rendición de cuentas y más equitativas.
Argentina fue el quinto país de América Latina en participar de este estudio. México, Brasil, Perú y Colombia, ya han atravesado este proceso. Fuera del continente, Italia y Túnez han publicado ya sus reportes.