Presencia de la UIF en el juicio histórico que condenó ayer a la banda que traficaba estupefacientes liderada por “La Yaqui”


El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, participó ayer del veredicto en el juicio a una banda que comercializaba drogas en la localidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, liderada por Sandra Jaquelina Vargas Mendes, alias “La Yaqui”. 

El Tribunal ordenó además que se decomisen los bienes de “La Yaqui” y su familia: 6 propiedades y alrededor de 30 automóviles nacionales e importados, que se habrían adquirido gracias al comercio ilícito de estupefacientes. Los abogados de la UIF -organismo querellante en la causa- estimaron el lavado de activos en un monto que ronda los 7 millones de pesos.

En un plazo de 30 días los bienes secuestrados serán tasados al valor de mercado y decomisados, según ordenó el tribunal. Durante los alegatos que tuvieron lugar en el día de ayer, los letrados de la UIF, Alejandro Montiel y Carlos Pujol, habían solicitado al Tribunal la pena de 21 años de prisión para la líder de la banda.

Respecto de los otros integrantes, las condenas fueron las siguientes: Patricia Vargas Mendes, 11 años de prisión y una pena de multa de tres veces el importe de la operación; Jonathan, Silvana y Romina Vargas fueron condenados a 9 años de prisión y multa dos veces el monto de la operación; a Nora Gatto le dictaron 8 años de prisión y multa de tres veces el monto de la operación y a Silvina Vargas le recayó la pena de 6 años de prisión y multa de tres veces el importe de la operación. El único absuelto fue Carlos Damián Vargas por considerar que no había pruebas suficientes de su participación en la organización.

Al respecto, Federici expresó: "Es la condena más alta en un juicio por lavado, en el que los argumentos de la UIF como querellante pesaron mucho para llegar al resultado logrado, especialmente con relación a las multas y decomisos ordenados. La condena manda un mensaje claro a quienes se aventuran en empresas criminales en el sentido que Argentina no es más un lugar seguro para el comercio de drogas. Asimismo, las sanciones demuestran que tomar atajos en la vida cometiendo delitos tiene altos costos, ya que no solo se pierde la libertad sino también el producto del delito”.