El derecho a manifestarse pacíficamente y organizarse es un derecho fundamental reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño y como tal debe ser garantizado por el Estado. Como dijo la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Las ocupaciones de escuela constituyen formas legítimas de ejercicio del derecho a la protesta social, particularmente en contextos en los que los niños, niñas y adolescentes no disponen de otros canales para hacer conocer sus reclamos respecto de las políticas que los afectan.”

Las y los jóvenes y adolescentes son sujetos plenos de derechos, y gozan de una especial protección constitucional como grupo históricamente desoído y vulnerabilizado. Por ello, tienen derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten, debiendo las autoridades tener debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. En el presente conflicto las y los estudiantes han demostrado tener un criterio autónomo, deliberado y consensuado, y debe ser tenido en cuenta por las autoridades de la Ciudad. Lo que no puede hacer es criminalizarlo y reprimirlo.

Los reclamos en materia de mejoras edilicias; en la calidad y cantidad de viandas de alimentos; y sus críticas al sistema de pasantías implementado; y en general un mayor presupuesto educativo se orientan a garantizar un acceso a la educación en la Ciudad que, desde ya, los afecta de modo directo, y por ello demandan ser oídos..

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, en distintas oportunidades ha manifestado un desconocimiento de los alcances del derecho a la educación pública así como se ha referido de manera discriminatoria hacia docentes y alumnos/as; ahora actúa denunciando penalmente a las familias, lo cual constituye una nueva y grave afrenta, al límite de Estado de derecho. La respuesta frente a la manifestación pacífica de jóvenes y adolescentes no puede ser enviar a la policía o criminalizar por inexistentes delitos. Este tipo de respuestas olvidan el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que debe regir todas las políticas públicas.

Asimismo, ver policías de la Ciudad merodeando los colegios y las casas de las y los jóvenes que se organizan, solicitando datos, horarios, rutinas, son hechos que no podemos permitir a esta altura de la historia argentina. Instamos a las autoridades a cesar este atropello al derecho a la libertad de expresión de la comunidad educativa y de los derechos de los y las jóvenes, y a favorecer las instancias de diálogo que el alumnado se encuentra proponiendo para canalizar sus demandas.