Artículo redactado por Emiliano Galli y publicado en tradeNEWS el 23/03/2018.

El despacho electrónico de buques por parte de la Prefectura Naval Argentina (PNA), una herramienta indispensable para la disminución de los tiempos operativos y los costos de la marina mercante, es un proceso que está “en un 80% de avance” y del que se espera “esté finalizado este año”, indicó el prefecto general Martín Ruiz, director de Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave) de la PNA.

“Es uno de nuestros objetivos más ambiciosos, y es una de nuestras misiones dentro del programa de Ventanilla Única del Comercio Exterior (VUCE) que lanzó el Gobierno”, manifestó el prefecto durante un almuerzo organizado por el Timón Club, y ante la presencia de funcionarios nacionales, armadores y representantes de cámaras sectoriales.

“Para nuestra actividad, el diálogo con Prefectura es fundamental. Por eso inauguramos nuestro ciclo de conferencias con Martín (Ruiz), no sólo por su trayectoria, sino por el esfuerzo que realiza dentro de la institución para facilitar y agilizar todo lo referente a la actividad”, señaló Miguel Álvarez, presidente de la Comisión de Conferencias de la institución, al presentar al prefecto general.

Ruiz presentó los avances y actualización normativa logrados en los dos años de la nueva gestión, donde recordó el mandato del Ministerio de Seguridad de “dotar de una dinámica que tienda a la desregulación y a mejorar la relación con el personal administrado”, señaló, tras destacar: “Traigan las propuestas, ustedes son los que saben”.

Martín Ruiz, prefecto general a cargo de la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave) en Prefectura

Del almuerzo de la institución, presidida por el titular de la Cámara Naviera Argentina (CNA), Jorge Álvarez, participaron entre otros Gustavo Deleersnyder, a cargo de la Dirección de Transporte Fluvial y Marítimo de la Subsecretaría de Puertos; el embajador Luis Niscovolos, secretario ejecutivo del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH); los ex interventores de la Administración General de Puertos (AGP) Oscar Vecslir y Sergio Borrelli; el presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje, Claudio Tubio; el presidente de Hidrovía SA, Bob Michta; el gerente general del Centro de Navegación Argentina, Andrés Monzón; el secretario general de la Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos (Cianam), Roberto Barrero; Diego Álvarez Blanco (Atria Logística); Fernando Porcelli (Radovich & Porcelli), Adriana Alejo (Semarbra), y referentes de otras cámaras empresarias, de la Armada y la Prefectura.

Los cambios introducidos
Ruiz repasó los principales cambios normativos realizados, entre los que destacó “la autorización para buques portacontenedores y Ro-Ro de hasta 245 metros de eslora a Terminal Zárate, nuevas disposiciones relativas al margen de seguridad bajo quilla y la modificación de una norma respecto de los convoyes de empuje de barcazas, adecuando las dimensiones máximas para la navegación en el Paraná Guazú y Bravo a 290 metros de eslora por 50 de manga”.

Asimismo, señaló que en línea con una política de reducción de costos en la operación de gaseros realizada, se dispuso “el cambio de remolcadores azimutales de 40 toneladas por remolcadores convencionales de 50 toneladas”. Esta modificación se aplica a las embarcaciones “de guardia” que operan con los metaneros en las estaciones de regasificación de Bahía Blanca y Escobar.

El prefecto también indicó que se adoptaron las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) en lo que hace a la presencia en la tripulación de buques de terceras banderas de personal de seguridad privada armados, atento a la necesidad de combatir la piratería, “flagelo que ya se está haciendo presente en América latina”, señaló.

Por otra parte, repasó la “nueva sectorización” realizada en Rada La Plata y las modificaciones técnicas respecto de los nuevos criterios “de estabilidad sin avería”, “procedimientos y medios de remolque de emergencia” y las normas para las operaciones de helicópteros en buques.

En relación con el practicaje, mencionó la ordenanza 7/2016 sobre los medios de embarque y desembarque de los prácticos. “No son ordenanzas emanadas por fuerza propia, sino que fueron puesta a consideración y consulta del sector privado“, recordó Ruiz, tras explicar los alcances también de la ordenanza 4/2017 sobre la certificación de las embarcaciones que realizan los servicios de practicaje y pilotaje.

Digitalización e inspecciones
Tras subrayar que los procesos de Polinave están certificados bajo normas de calidad IRAM, el director de la unidad proyectó los desafíos próximos: “Estamos en plena ejecución de unificar las bases de datos del Edificio (Guardacostas) y enlazarlas con las otras dependencias del Estado”, dijo, tras reconocer la dificultad en el seguimiento “interno” de los expedientes.

Uno de los puntos más atendidos por el auditorio se refirió a las inspecciones de los buques, donde juegan variables como los criterios de cada inspector y la cantidad de los mismos.
“Estamos modificando el reglamento de inspecciones extraordinarias, que sabemos que es una de las quejas de los armadores. Buscaremos premiar a los que cumplen y no tienen observaciones con 6 meses de hándicap para navegar”, adelantó.

A su vez, aclaró que se modificará el “reglamento de arqueo de buques”, para adecuar la normativa nacional a lo dispuesto por los convenios internacionales (fundamental para los buques de terceras banderas que opten luego por el pabellón nacional) y sí advirtió que se modificarán los criterios respecto de las inspecciones de seguridad.

“Apuntamos a una mayor vigilancia técnica, y a bajar los tiempos de inspecciones de seguridad de los buques, que hoy pueden rondar los 5 años. Pero esto va a depender de la valoración que se haga del impacto económico en los armadores y la cantidad de inspectores de la que dispongamos”, concluyó Ruiz.