La Estrategia Nacional de Integridad (ENI) es una iniciativa impulsada por la Oficina Anticorrupción y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros cuyo objetivo es avanzar hacia una planificación coordinada y estratégica de las políticas de integridad y de transparencia en toda la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada y en empresas con participación estatal.

Como propuesta integral de carácter preventivo, la ENI apunta a generar políticas y promover prácticas que operen como una barrera a la corrupción, entendida como fenómeno multidimensional, sistémico y complejo, que no encuentra homogeneidad en sus manifestaciones más elementales ni puede ser unívocamente interpretado.

Se trata del resultado del trabajo colaborativo de 12 Ministerios, Jefatura de Gabinete de Ministros, 23 organismos públicos y 9 Empresas con Participación Estatal, que derivó en la elaboración planificada de 82 iniciativas estratégicas y transformadoras. Acciones diseñadas a partir de una serie de criterios que permiten dar cuenta de su integralidad, impacto social, marco institucional y marco internacional.

En línea con las Convenciones Internacionales contra la Corrupción de la ONU, la OEA y la OCDE, la ENI proporciona un horizonte de sentido para la incorporación de la perspectiva de transparencia en la gestión pública, traza una hoja de ruta para el accionar de los organismos. Sus objetivos prioritarios, es decir sus lineamientos estratégicos, se encuentran vinculados con una mirada específica sobre el fenómeno de la corrupción, donde se despliega un núcleo básico de iniciativas que puedan ser transversalizadas, compartidas e implementadas con la mayor capilaridad y amplitud posible entre los organismos, las empresas con participación estatal y otros entes estatales de la Administración Pública Nacional.

Con la Estrategia se apunta a configurar un verdadero Sistema Nacional de Integridad en donde las políticas tienen en cuenta el contexto donde se aplican. Se trabaja en fomentar la capilaridad de la política de integridad mediante el fortalecimiento de la red de enlaces y la creación y consolidación de áreas de integridad. Vale destacar que al momento de elaborar este reporte el Poder Ejecutivo Nacional cuenta con 150 enlaces de integridad y 35 áreas especializadas en prevención y cumplimiento. Esta capilaridad es hoy la base de trabajo de las acciones que desarrolla la OA, lo que ha permitido llevar adelante políticas de largo aliento como la ENI. Son estos espacios los encargados del diseño de las iniciativas que la componen, quienes estarán encargadas de implementarlas y dar cuenta de ello.

En este contexto, teniendo en cuenta un enfoque estratégico donde se articulan los esfuerzos de diferentes organismos de la Administración Pública Nacional, se avanzó en la creación de una Mesa Nacional de Integridad y Transparencia. La cual permitirá diseñar mecanismos claros, formales y/o informales para la cooperación y la coordinación horizontal y vertical entre los actores y sectores con el fin de prevenir la fragmentación, la superposición y los vacíos y en última instancia asegurar la coherencia y el impacto de las políticas. La Mesa está integrada por la Oficina Anticorrupción, la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Sindicatura General de la Nación y la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Como antecedente inmediato, la Estrategia Nacional de Integridad cuenta con el Plan Nacional Anticorrupción (PNA), creado en 2019. Durante el 2020, la OA y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional realizaron una rigurosa revisión del plan desde una perspectiva estratégica. Para ello, se desarrollaron herramientas metodológicas para el análisis y ponderación de las iniciativas a efectos de jerarquizarlas en función de su relevancia. De las 260 iniciativas presentes en el PNA, 29 ya se encontraban cumplidas, por lo cual el análisis se centró en las 231 restantes. Los principales resultados indicaron que solo un 14% del total de iniciativas poseía un carácter estratégico e integral. Para revertir esta situación se han llevado adelante una gran cantidad de acciones de sensibilización, asistencia y acompañamiento personalizado para procurar el diseño de una Estrategia Nacional de Integridad robusta, coordinada, innovadora y estratégica.

Por otro lado, como parte del diseño de la Estrategia Nacional de Integridad, se avanzó en la ampliación y fortalecimiento institucional de su Consejo Asesor, asegurando una representación federal, plural y equilibrada en su conformación con diversos sectores sociales, académicos y con una perspectiva de género.

Con el desarrollo de la ENI se apunta a promover el involucramiento de la sociedad y de sus organizaciones en el diseño e implementación de políticas de integridad y transparencia, considerando recomendaciones de organismos internacionales. Esto se plasma, por un lado, en la ampliación del Consejo Asesor y, por otro lado, en distintas iniciativas de la ENI cuyas instancias de participación no se agotan únicamente en canales formales, sino que incluyen otras herramientas de participación efectiva.

Por último, la Estrategia Nacional de Integridad sintetiza el compromiso de todo el Estado Nacional en avanzar hacia una planificación coordinada y estratégica de las políticas de integridad y de transparencia. Además, en la iniciativa se despliega un núcleo básico de acciones que puedan ser transversalizadas, compartidas e implementadas con la mayor capilaridad y amplitud posible entre los organismos, las empresas con participación estatal y otros entes estatales de la Administración Pública Nacional.

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