Plan Qunita: Fuimos aceptados como querellantes

La OA fue aceptada como querellante en la causa que investiga irregularidades en la licitación del Plan Qunita


La Oficina Anticorrupción (OA) fue aceptada por la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal como querellante en la causa por el Plan Qunita.

El pasado 4 de abril la OA había solicitado ser tenida como parte querellante para poder participar de la investigación y del próximo debate oral y público. Sin embargo, el Juez Federal Claudio Bonadio siguió adelante con el trámite de la causa, dictó el sobreseimiento de algunos imputados y dispuso correr vista al Fiscal por considerar finalizada la instrucción, sin resolver el pedido de la Oficina Anticorrupción.

Frente a esta situación, el 28 de junio pasado, la OA solicitó un “pronto despacho” para que lo haga, ya que su intervención como querellante en las causas judiciales es una de sus facultades principales y fue expresamente reconocida por la Corte Suprema de Justicia.

Tras la negativa del magistrado, el organismo presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal, que resolvió “revocar el auto apelado y hacer lugar a la pretensión de la Oficina Anticorrupción de constituirse como parte querellante”, ya que “tiene la facultad de intervenir como parte querellante en procesos judiciales, otorgada por el artículo 20, inciso 19, de la Ley de Ministerios, y el artículo 2, inciso e) del decreto 102/99 del Poder Ejecutivo Nacional”.

“La jurisprudencia de esta Sala ya ha tomado posición sobre la cuestión debatida, reconociendo el derecho de la Oficina Anticorrupción a ser legitimada activamente en casos de este tipo”, sostuvo la resolución de la Cámara Federal.

La causa investiga irregularidades en la selección y adquisición de materiales para el Plan Qunita, en el que se habría diseñado un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que resulten ganadoras seis de empresas sin antecedentes vinculados con los productos licitados, ya que sólo registraban experiencia en los rubros: inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.

Además, la licitación se habría adjudicado a precios excesivos e injustificados que superaban el valor de referencia informado por la SIGEN (4.096 pesos) y se abonaron los kits a pesar de que estos no contenían todos los elementos fijados en el pliego.