La OA fundamentó que “los hechos que constituyen el objeto procesal de estas causas pueden integrar una parte de la ramificación local de uno de los escándalos de corrupción más grandes que en los últimos años ha sacudido a la región latinoamericana” y recordó que “en las actuaciones iniciadas en Estados Unidos, la firma Odebrecht S.A. reconoció que en el período 2007-2014 realizó pagos a intermediarios por aproximadamente U$S 35.000.000, a sabiendas que dichos pagos tenían como destino final a funcionarios argentinos, obteniendo beneficios por aproximadamente U$S 278.000.000. “La relevancia internacional y la magnitud económica de estos hechos impulsan a esta Oficina a presentarse como querellante en estas actuaciones”, sostienen los escritos.

Proyecto de Ampliación Gas 2006-2008. La OA señaló que para la ampliación de la capacidad del transporte de gas de los gasoductos Norte y Centro-Oeste, en las obras llevadas a cabo por Odebrecht, hubo una trascendental presencia de recursos públicos a través de la Secretaría de Energía y ENARGAS. Además, advierte que la empresa dependiente del Banco de la Nación Argentina, Nación Fideicomisos, fue la fiduciaria de los fideicomisos de obra y de financiamiento, por lo que “a causa del faltante de fondos para cubrir los valores de deuda emitidos por los fideicomisos, el Estado Nacional, a través del BNA, tuvo que cubrir esas diferencias son recursos propios”. “El fondeo de los fideicomisos no siempre ocurrió regularmente, lo que generó el desfinanciamiento de los fondos fiduciarios y que las arcas públicas hayan tenido que auxiliar a los fondos fiduciarios con recursos propios”, agrega el escrito.

En este contexto, la Oficina Anticorrupción afirmó que “más allá de la compleja determinación de los posibles sobreprecios en las obras de infraestructura bajo análisis, hoy la principal hipótesis de investigación debe centrarse en el pago de sobornos de parte de la empresa Odebrecht a funcionarios públicos argentinos, presumiblemente, al menos, en el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio, a cargo de Julio De Vido; de la Secretaría de Energía, a cargo de Daniel Cameron; del Ente Nacional Regulador del Gas, a cargo de Fulvio Madaro; y de Nación Fideicomisos, a cargo de Néstor ulloa y Marcelo Quevedo Carrillo”.

Ampliación del Tren Sarmiento. El 21 de enero de 2006 la Secretaría de Transporte efectuó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la obra de soterramiento del Corredor Ferroviario en el tramo Caballito-Liniers y la construcción de pasos a distinto nivel, vehiculares y peatonales, en el tramo Liniers-Moreno de la Línea Sarmiento. Sin embargo, el 7 de junio de 2007 el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, dispuso la modificación de la obra que fuera objeto del llamado a licitación resolviéndose que el soterramiento comprendería el corredor ferroviario Caballito-Moreno de la línea Sarmiento. Luego de la modificación, mediante el Decreto 151/2008 firmado el 23 de enero de 2008, la ex presidenta Cristina Fernández adjudicó la obra al consorcio de empresas formado por IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., COMSA S.A. y Ghella Societa Per Azioni.

La OA detalló en su escrito que la crisis internacional durante el año 2008 sirvió de fundamento para el dictado del decreto 2227/08 de fecha 23 de diciembre de 2009, que instruyó a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado a obtener financiamiento para el proyecto recurriendo a la ANSES y da inicio a la ejecución de la etapa I de la obra. Pero la obra no comenzó y la Secretaría de Transporte suscribió con la adjudicataria una addenda que tendría especial significación en la posible trama de corrupción relacionada con esa obra pública, y en especial con Odebrecht S.A., ya que dividía a la primera etapa de ejecución en sub etapas de ejecución sucesiva, y dicha subdivisión habilitaba la entrega de $21.079.271,53 de pesos a las empresas adjudicatarias para el inicio de la sub etapa I. En esa addenda contractual se fijaba expresamente que el inicio de la Sub Etapa no implicaba el compromiso de ejecución de la totalidad de la etapa ni de las etapas subsiguientes.

Para la OA, “es en este contexto temporal que se ubicarían los mails que obran en el marco de la causa denominada ‘Lava Jato’ que tramita ante la justicia brasilera y que fueran presuntamente remitidos por el asesor/intermediario del funcionario Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, quien reclamó en el mes de febrero del año 2010 al ejecutivo de Odebrecht Mauricio Couri Ribeiro el depósito en una cuenta bancaria acordada de una suma de dinero, confirmando luego otro directivo de la firma brasilera (Fernando Migliaccio) que el dinero había sido recibido”.

Titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Según una información periodística, Gustavo Arribas habría recibido en 2013 la suma de U$S 594.518 a través de una cuenta controlada por el financista Leonardo Meirelles, que según ha quedado evidenciado en la causa judicial brasilera denominada “Lava Jato” confesó que sus cuentas fueron utilizadas para encubrir el pago de sobornos por parte de la firma Odebrecht S.A. de Brasil. La hipótesis periodística se fundamentó en que por esos tiempos la ex Presidenta Cristina Fernández dictó el decreto N° 1244/13 que creó la Unidad Ejecutora de la Obra Soterramiento Línea Sarmiento. Al respecto, Arribas le manifestó a la OA que jamás estuvo vinculado a Odebrecht y que no recibió cinco transferencias de dinero, sino que solamente una por la suma de U$S 70.475, y que la misma “respondía al pago de bienes muebles que componían una unidad que vendí, eligiendo el comprador -como ocurre en este tipo de operaciones- tanto las vías, sujetos y demás modalidades para que el dinero ingresara a mi cuenta bancaria”. También sostuvo que no conocía al Sr. Leonardo Meirelles ni requirió de sus servicios.

La OA expresó en su escrito que pretende que se establezca a través de la pesquisa judicial si fueron efectuadas las cinco transferencias bancarias, si dichas sumas fueron efectivamente recibidas por Arribas en su cuenta bancaria y si los montos aludidos guardan vinculación con transferencias dispuestas por Odebrecht S.A. destinadas al pago de sobornos a funcionarios públicos argentinos.

Obras de AYSA en Tigre y Berazategui. El 24 de mayo de 2017 la OA recibió una denuncia anónima en la que el denunciante alude ser una funcionaria con más de 35 años de actuación en Obras Sanitarias de la Nación, y luego en AYSA S.A. En el mail se alude a que en 2008 se “organizó” que la licitación de la Planta potabilizadora de Tigre quedara en manos del consorcio conformado por Odebrecht y la depuradora de Berazategui resultara ganadora Camargo Correas - Esuco. Describe, asimismo, que tanto Odebrecht como Camargo Correa pidieron un aumento del presupuesto oficial para poder presentar ofertas “adjudicables” según el manual de licitaciones y “que tuvieran suficiente margen para pagar los retornos y quedarse con un margen de ganancia apreciable”. Finalmente, la denunciante anónima refiere que las obras que durarían tres años duran más de ocho y que, pese a los atrasos, se le adjudicó sin licitación un acueducto por más de 120 millones de dólares.