Nos mueve la búsqueda de la Igualdad en la Diversidad. Los datos revelan que aún hay mucho trabajo por hacer, no obstante, con el impulso de las organizaciones feministas y de derechos humanos hemos podido trazar un camino y construir los puentes necesarios para avanzar.

Como lo muestra el Informe Igualar, “las desigualdades de género condicionan el efectivo y pleno ejercicio de derechos de mujeres y LGBTI+ y, particularmente en el mundo laboral, se expresan como un conjunto de brechas en el acceso y permanencia en los puestos de trabajo, en los tipos de actividades, en los ingresos, en las jerarquías ocupacionales, en las diferentes posibilidades de acceder a un empleo remunerado, entre otras dimensiones relacionadas con los estereotipos de género”.

Uno de los sectores más feminizados es el de las trabajadoras de casas particulares. El 75% son empleadas informales y además fue el más afectado durante la crisis por COVID-19, con una contracción del 20,9 % en 2020 (CEPAL y OIT, 2022). Por eso el Gobierno Nacional creó Registradas, una política conjunta con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Banco de la Nación Argentina y el Ministerio de Economía, cuyo objetivo es reducir la informalidad en el sector de trabajadoras de casas particulares, garantizando el acceso y permanencia a un empleo registrado, incentivando su bancarización.

Desde su lanzamiento, en septiembre 2021, 22.046 trabajadoras resultaron beneficiadas por el Programa Registradas. Aproximadamente, 8 de cada 10 trabajadoras conserva la relación laboral formal luego de finalizar el beneficio.

En estos días firmamos la extensión hasta el 31 de diciembre de 2023, con cambios que generan mayor inclusión: A partir de ahora el Estado Nacional sostiene en todos los casos el 50% del salario durante 6 meses, para empleadores con un ingreso menor al mínimo no imponible de ganancias. Este cambio simplifica la operatoria y difusión del programa. Además el beneficio se extenderá por 8 meses para trabajadoras travestis, transexuales y transgénero, trabajadoras con discapacidad, trabajadoras con hijos, hijas o hijes con discapacidad y trabajadoras titulares del Programa Acompañar

Para lograr mayor igualdad en la diversidad en el acceso al empleo, contamos con la Ley N° 27.636 Diana Sacayán-Lohana Berkins, que establece un piso del 1% de puestos de trabajo formales para personas travestis, transexuales y/o transgénero en la órbita del Estado Nacional, en los tres poderes. El deber del Estado no radica sólo en garantizar el ingreso de las personas travestis, transexuales y transgénero, sino también garantizar su permanencia a través del fortalecimiento de sus posibilidades educativas, de acceso a la salud y de la promoción del trato digno en los ámbitos de trabajo.

El último informe, finalizado en diciembre de 2022, relevó que 574 personas travestis, transexuales y/o transgénero trabajan en el Poder Ejecutivo Nacional, organismos centralizados y descentralizados, y reflejó un incremento del 468,32 % respecto de septiembre de 2020. Tenemos por delante dos grandes desafíos: federalizar la implementación de la ley y extender su cumplimiento a los demás poderes del Estado, especialmente el judicial. Además nos interesa promover el empleo formal para personas TTT en el ámbito privado, en las universidades nacionales y organismos públicos provinciales y municipales de todo el país, que vienen elaborando sus propias propuestas de inclusión.

En este sentido, con las organizaciones del mundo del trabajo se ha iniciado, a través del Programa Nacional Igualar, una herramienta que consolida el compromiso con la igualdad de género: el sello igualar que propone un proceso de mejora continua que se traduzca en graduales y sostenidas transformaciones tendientes a alcanzar la igualdad, a través de la generación de espacios laborales más justos, inclusivos y libres de violencias por motivos de género.

Por otra parte, iniciamos este año, junto al Ministerio de Salud, con la distribución de Kits de Lactancia en el marco del Plan 1000 días. Entender la lactancia como una responsabilidad social, implica comprenderla no sólo como una responsabilidad de quien amamanta, sino de la familia y toda la sociedad. Entender la lactancia desde la corresponsabilidad social, implica facilitar las condiciones para que mujeres y personas LGBTIQ+ puedan sostener sus trayectorias laborales, profesionales o académicas en el periodo en que amamanten. Ya hemos entregado 1660 Kits de lactancia en las provincias de Catamarca, Chaco y San Luis. Entregaremos 25000 Kits en todo el país.

Y hablar de corresponsabilidad en la lactancia es también hablar de cuidados. Las tareas llamadas “domésticas”, esas que dicen “se hacen por amor”, nos han recluido al espacio de lo doméstico, de lo privado, dejando el espacio público, el político, el del trabajo y la independencia económica para quienes no tienen la “carga de cuidar”, por eso es necesario seguir trabajando para que en la Argentina tengamos leyes y políticas públicas que reconozcan que los cuidados son una necesidad, un derecho y un trabajo.

Este año se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, hemos conquistado leyes pioneras en la región y el mundo en materia de igualdad. Para profundizar este camino necesitamos más mujeres y LGTBI ocupando lugares de decisión.

Como mujer peronista, desde el espacio que hoy me toca ocupar en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, mi principal motor es la búsqueda de la justicia social, y sólo será posible construyendo igualdad, transformando la realidad de las mujeres y LGTBI+ en cada rincón del país.