La secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, encabezó el 5to encuentro anual del Consejo Consultivo de Consumidores, en el que realizó un balance sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y el Estado Nacional en la protección de los derechos de las y los ciudadanos en su carácter de consumidores.

La secretaria destacó la importancia de la labor de las asociaciones cuando detectan infracciones en el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) en sus territorios y cuando elevan propuestas para “nutrir y mejorar la defensa de los derechos de las y los consumidores”.

Español remarcó que “este año, tan especial por la pandemia, nos demandó adaptarnos a situaciones nuevas y estar aún más presentes, monitoreando precios, abastecimientos y atendiendo los reclamos frente al crecimiento vertiginoso del consumo online”. Y destacó que “este es un trabajo conjunto que hacemos desde la gestión de Defensa de las y los Consumidores, con las asociaciones de consumidores y con las autoridades distritales en cada punto del país”.

Del encuentro también participó el director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, Sebastián Barocelli quién repasó con las asociaciones de consumidores las políticas llevadas a cabo en 2020 para fortalecer los derechos de las y los consumidores, como la conciliación por medios electrónicos, la política proactiva de imputaciones y multas, el monitoreo de Precios Cuidados, Precios Máximos y la educación en consumo sustentable y saludable.

Barocelli expresó que “en este tiempo desde que asumimos la gestión a principio de año nos enfocamos en proponer un rol activo desde el Estado para velar por los derechos de las y los consumidores, asumiendo la tarea de control del cumplimiento de las normas por parte de las empresas”. En ese sentido, agregó que “en este año complicado nos enfocamos en las relaciones de consumo en entornos digitales, que mostraron un gran crecimiento a partir de la emergencia sanitaria, y también logramos ampliar el espectro de las áreas de intervención para facilitar a las y los consumidores el acceso a sus derechos”.

Las asociaciones, por su parte, plantearon los temas de la agenda de trabajo para el próximo año como el desarrollo de políticas de consumo saludable, dentro de las cuales está el etiquetado frontal de alimentos; las políticas de control de precios y el impacto de las tarifas; el endeudamiento no bancario y la situación de los créditos UVA; la regulación y el comportamiento de las empresas y estudios de cobranzas; y también la coordinación para continuar fortaleciendo el trabajo en conjunto con el Estado.